Miércoles 01 de mayo 2024 | Contáctenos
El secuestro de 40 ciudadanos en la localidad cusqueña de Kepashiato, vecina al valle Apurímac - Ene (VRAE), constituye un revés para la seguridad del país. No digo para la política antisubversiva porque es obvio que no existe tal política.
Hay una estrategia militar para enfrentar a la banda de los hermanos Quispe Palomino. También hay una estrategia contra el narcotráfico, y tal vez una estrategia policial contra drogas, pero de poco valen todas ellas para el VRAE si marchan cada una por su cuenta.
Esta historia empezó el 2001, cuando el gobierno de Alejandro Toledo-izquierda caviar retiró las 68 bases militares que tenían encerrados a los terroristas en la zona de Vizcatán; liquidó el servicio de inteligencia y dejó sin presupuesto operativo a las fuerzas del orden. En otras palabras, liquidó la defensa nacional.
Como consecuencia de ello, en los últimos 12 años el Estado ha ido cediendo posiciones al extremo de que hoy los terroristas se desplazan en todo el VRAE y atacan por el Cusco, por Junín, por Huancavelica o por Ayacucho, indistintamente, sin que podamos contener, ni prevenir, sus agresiones.
Y mientras los políticos discuten si son terroristas o narcotraficantes, ellos siguen avanzando hacia sus dos objetivos inmediatos: extender su presencia hacia Ucayali, y llenar el vacío dejado por Artemio en el Huallaga.
Lo peor de todo es que las autoridades cierran los ojos ante la realidad y nos dicen que todo está bajo control, que todo marcha bien, que el terrorismo está a la defensiva, que solo da manotazos de ahogado, etc., etc.
Lo cierto es que el problema del VRAE se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional interna. Es un cáncer que ha crecido en 12 años y que sigue creciendo incontenible. No podemos ocultarlo más.
Otro hecho concreto es que estamos ante una nueva organización terrorista, que nació de Sendero Luminoso pero es distinta, porque no asesina indiscriminadamente a los campesinos, tampoco les roba su ganado, ni su cosecha, más bien se las compra.
También protege las pozas de maceración de coca y les cobra cupos a los narcotraficantes porque opera en una región cuya economía gira alrededor de la cocaína. De esta manera ha construido una base social que le permite desplazarse con cierta seguridad.
En consecuencia estamos ante un fenómeno terrorista diferente, que tiene un componente policial (narcotráfico), otro militar (terroristas militarizados), y también un alto componente social y económico. En este punto debemos recordar que la caída de “Artemio” también fue resultado del avance del Desarrollo Alternativo en el Huallaga.
El secuestro de los 40 trabajadores es lamentable y condenable, pero es solo una manifestación más de otro problema de fondo, que es el terrorismo subversivo que sigue expandiéndose y desafiando a la democracia en el VRAE.
Este gobierno nos ha recordado que cuando hay voluntad política para encarar los problemas, éstos pueden ser resueltos. Lo está haciendo en el caso de la minería ilegal, y también en el caso del proyecto Conga. Ahora debe hacerlo en el VRAE.
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