Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
El crecimiento y la reducción de la pobreza durante el gobierno de García muestran que lo económico está funcionando.
Sin embargo, el aspecto social fue descuidado y el Estado no ha logrado llegar a localidades donde están concentradas la desigualdad, la pobreza y la exclusión, con pequeñas obras como escuelas con profesores, postas médicas equipadas, comisarías y juzgados, así como agua y desagüe, carreteras, electrificación, comunicaciones.
Como en estos lugares aislados la actividad económica es mínima, no hay forma de que las obras sean autosostenibles. Su contenido social se mide estableciendo criterios de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, y sirve para justificar la asignación de recursos para cofinanciar las obras, subsidiando a los ciudadanos que se van a beneficiar, conectándolos al mercado y satisfaciendo sus necesidades básicas. El Estado debe dejar de practicar la política del avestruz, encarar el tema y explicitar una política de cofinanciamientos, por sectores y regiones, particularmente en regiones sin canon.
Ante la incapacidad manifiesta del Estado, felizmente se cuenta con herramientas como la ley de obras por impuestos, las asociaciones público-privadas y la estandarización de proyectos pequeños. Las iniciativas privadas en proyectos cofinanciados serían otro valioso instrumento. Un privado podría proponer una inversión con mantenimiento asegurado, pagadera a largo plazo por el Estado, para hacer obras de impacto social y económico, como una carretera o electrificación rural. Si el Estado declara su interés, convocaría a un concurso público donde uno de los postores será el proponente de la iniciativa y ganará quien ofrezca hacer la obra con el menor subsidio.
El Estado necesita modernizarse, dejar de trabar el gasto en obras, y promover que el sector privado continúe participando con inversiones directas en grandes proyectos de infraestructura, autosostenibles o cofinanciados, así como en paquetes de pequeñas obras cofinanciadas. Desde 1993 el sector privado ha invertido 23 mil millones de dólares en infraestructura de servicios públicos. Esto debe continuar.
Lo que espera el sector privado es el respeto a los contratos, que se mantengan las reglas del juego económico, y que los reguladores actúen con neutralidad técnica y autonomía similar a la del BCR.
Los programas sociales de ayuda directa conforman la net social básica, y aunque no sacan a la gente de la pobreza, la alivian temporalmente, pero no la erradican. La infraestructura de servicios básicos conecta a los peruanos excluidos al mercado, los incluye, les da oportunidades para salir de la pobreza por su propio esfuerzo, y permite su erradicación (Con información del diario Correo).
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