¿Operadores anti Doe Run?

El caso Doe Run Perú (DRP) ha pasado a una nueva etapa al haberse negado los liquidadores (privados y el Estado) a un acuerdo que permitiera un nuevo plazo para cumplir con el programa ambiental y reabrir la refinería de La Oroya, lo cual trae cola.

En realidad los ejecutivos de DRP están convencidos que la falta de voluntad que el Estado viene mostrando desde el 2010, cuando inexplicablemente, y a contracorriente del permisivo comportamiento del gobierno de García, le fue cerrando todos los caminos para llevarla a Indecopi. Hoy, basándose en una consolidación de su deuda tributaria, se ha decidido su suerte final. Todo este intríngulis, se cree, es fruto de operadores políticos aliados a privados que se llevarían el premio mayor: la refinería.

La clave política está en el DS 1533-2010-EF que le quitó la representación a Sunat en los créditos tributarios (salió con errata, apresuradamente corregida el 24 de julio 2010).  Alguien muy poderoso ordenó al MEF que sacara a la Sunat como representante del Estado para pasarlo a Funafe, que de estos asuntos no sabe nada.

Ahora se viene la litigación internacional. Habría que leer con lupa el contrato de estabilidad tributaria y no descartar la hipótesis de trato injusto, lo que ciertamente no exime a DRP de sus incumplimientos ambientales, pero tampoco al Estado, que se sigue haciendo el distraído al respecto (Con información del diario La República).