Para prevenir demandas autoritarias

Entre los 90 y los 2000, el Perú pasó de la concentración casi total del Poder Ejecutivo en manos del autócrata, a la descentralización de casi todas las funciones en manos de autoridades regionales y locales electas, sin reservar para el gobierno central poderes coercitivos para asegurar el cumplimiento de políticas nacionales o el acatamiento a decisiones administrativas que corresponden al nivel central. Pasamos de un extremo a otro. Con el agravante de que el 80% de los presidentes regionales y alcaldes no pertenecen a partido alguno sino a sus propios movimientos y, por lo tanto, no responden ante nadie porque tampoco hay una base ciudadana contribuyente a la que deban explicaciones. Es la feudalización política del país.

Por eso el presidente regional anterior de Puno podía aprobar propuestas cuasi separatistas, sin que se pudiera hacer nada. Ahora un presidente regional contraviene abiertamente una decisión administrativa legítima del gobierno central -la de aprobar el proyecto Conga, que es de enorme importancia para el país-, y tampoco hay manera de hacer nada en el terreno legal. Hace poco el ex director regional de educación de Junín, Walter Angulo, mostró en la Hora N cómo la propuesta de nuevo diseño curricular de regional de Junín caracteriza al Perú tal como Sendero Luminoso lo hacía, como un país colonial y semi feudal; coloca citas enteras de Lora Cam, un profesor de filosofía arequipeño que en los 80 defendía las acciones violentistas, llamando a combatir al imperialismo, a las ONG, a la iglesia; y transcribe citas enteras del presidente regional Vladimir Cerrón y del programa de su partido Perú Libre, para hacer proselitismo político en las aulas. Si la propuesta termina siendo retirada, será gracias a la denuncia mediática, pero el Ministerio poco podía hacer. Para no hablar del informe del profesor Hugo Díaz del año 2010 que advertía que la mitad de los gobiernos regionales no acataban las disposiciones del ministerio de Educación respecto de la aplicación de la Carrera Pública Magisterial. Y así sucesivamente.

No se puede pasar del orden autoritario al desorden total, de la autocracia a la anarquía. La democracia requiere niveles mínimos de gobernabilidad. Es perentorio reequilibrar los poderes y devolverle al nivel central cierta capacidad coercitiva para asegurar el carácter unitario del Estado, como ocurre en las democracias funcionales. Javier Velásquez Quesquén propone, por ejemplo, que los presidentes regionales sean incorporados como altos funcionarios del Estado en el texto del artículo 99 de la Constitución, de tal manera que puedan ser pasibles, como otros funcionarios, del juicio político y antejuicio Constitucional. Esta y otras propuestas deberían estudiarse, si queremos prevenir que una débil democracia incuba nuevamente demandas autoritarias o formas de militarización.