A fines del año pasado, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno peruano a enjuiciar a los comandos del operativo Chavín de Huántar por presuntas violación esa los derechos humanos que se habrían perpetrado durante el exitoso operativo de rescate a los rehenes de la residencia del embajador del Japón en 1997.
Hoy a 15 años del rescate, sigue en discusión si hubo o no violación de derechos humanos en dicho operativo, pues según acusaron familiares de terroristas, algunos comandos habrían asesinado a miembros del MRTA cuando éstos ya se habían rendido.
Incluso salió una noticia que hubo un comando paralelo al de Chavín de Huántar que habría entrado a la residencia con la misión de liquidar a emerretistas capturados.
De comprobarse esto, el gobierno se vería obligado a iniciar un proceso judicial en la CIDH que incluso podría terminar con una reparación económica a las familias de los terroristas que cayeron en aquella fecha.