
Cuando de alianzas se trata hay que ser suspicaces, más aún si se hace entre la patronal del socavón y tajo abierto, con diligentes ministros buscadores de indulgencias empresariales para tener asegurada la quincena cuando dejen el empleo que ostentan. La inevitable interrogante es ¿quién pagará la planilla de los 2,500 trabajadores que hoy reciben salario de la demonizada empresa a pesar que la planta de La Oroya está paralizada? Antes de responder debemos tener una idea de cuánto dinero se está hablando. Si hacemos el ejercicio solo con un salario promedio de 500 dólares y el plazo de 30 meses que se demoraría una nueva empresa en hacer lo que queda pendiente e iniciar operaciones, la suma asciende a 37.5 millones de dólares. ¿Los asumirá la junta de acreedores? Si es así ¿a cambio de qué? Por supuesto que no puede ser a tomar la operación de la planta, porque eso sería haber liquidado con nombre propio y dolosamente. ¿Lo asumirá la caja fiscal? Respondan señores del gobierno.