El domingo se cumplen 15 años de la exitosa y patriótica operación “Chavín de Huantar”, mediante la cual efectivos de nuestras Fuerzas Armadas liberaron con vida a 71 de los 72 secuestrados finales del grupo subversivo terrorista MRTA en la residencia del Embajador de Japón. El juez supremo Ernesto Giusti falleció en el operativo, al igual que dos distinguidos miembros de nuestro Ejército, esto es Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez. Parte de los secuestrados al igual que los comandos sufrieron lesiones físicas sin olvidar las psicológicas del cautiverio, habiendo estado los rehenes sujetos a indescriptible presión y amenazas, durante 126 días.
Los comandos como consecuencia de su actuación, calificada de muy exitosa por propios y extraños, durante varios años han estado sujetos a investigación judicial, tanto en el fuero común como en la justicia castrense, hasta que la Corte Suprema de Justicia dirimió competencia a favor del Fuero Militar Policial que los absolvió de la gravísima acusación de ejecuciones extrajudiciales.
Empero, debido a la denuncia de APRODEH, una organización no gubernamental nacional, ante la Comisión Interamericana de De derechos Humanos, está última emitió informe de fondo en que responsabiliza al Estado Peruano, que es demandado ante la Corte del mismo nombre por no haber efectuado el procesamiento jurisdiccional en la justicia ordinaria. En el informe de fondo mencionado se solicita nuevo enjuiciamiento, así como investigar a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron competencia y a los magistrados del Fuero Militar Policial que sobreseyeron la causa. Francamente de espanto.
Si pierde el proceso ante la justicia supranacional, el Estado Peruano se vería precisado a someter a nuevo proceso a nuestros comandos, con más sufrimiento aun del que ya han padecido, y teniendo que soportar más y más diligencias, con la angustia de que siendo inocentes poder ser indebidamente condenados.
El sacrificio de nuestros soldados tiene que ser reconocido y debemos respaldarlos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su pretensión de invalidar lo ya sentenciado y someterlos a nuevo proceso. Por ello y además de lo que el Estado y el grupo de abogados voluntarios hagan en la defensa de sus derechos, la población tiene el deber cívico y moral de cautelarlos y respaldados, y nada mejor que demostrar gratitud asistiendo a la vigila que haremos frente a lo que fue la Embajada de Japón este domingo a las seis de la tarde, sin diferencias ideológicas, políticas, religiosas ni de ninguna otra naturaleza.
Como dice nuestro lema “PUSIERON EL PECHO POR NOSOTROS, PONGAMOS EL CORAZÓN POR ELLOS. TODOS SOMOS CHAVIN DE HUANTAR”.