Ecuanimidad con las multinacionales

A   raíz de la decisión del kirchnerismo de expropiar la participación de la española Repsol en la argentina YPF, el rasgamiento de vestiduras ha tenido dimensiones globales. Por supuesto que en nuestro país marca Perú, más de un “indignado” oficioso se ha manifestado horrorizado por el irrespeto a la legalidad. Si somos coherentes, exijamos también prolijidad en el relacionamiento Estado-multinacionales, pues más de un estropicio por omisión y acción se comete, pasando desapercibido para el ciudadano pedestre pues no se les da connotación periodística, ya sea por desconocimiento o consigna.

Hay dos temas mineros donde el Estado no actúa con diligencia, con todo el apoyo de un aparato mediático. Casos que están vigentes y en las antípodas, son buen ejemplos: Yanacocha con su proyecto Conga y Doe Run con su fundición-refinería La Oroya.

En el caso de Conga. la predisposición ha sido a la laxitud, a nombre de un anunciado vendaval de inversiones. Peritos designados sin proceso de competencia, que dejan su obra y se marchan, dando recomendaciones que difícilmente es creíble que no las hayan consultado con el Gobierno y éste con la minera. A pesar de lo cual se manifiesta una resistencia al acatamiento inmediato, dejando para los suspicaces, me cuento entre ellos, el sinsabor que es parte de una producción escénica pauteada. Aquí la falta de mano dura para hacer valer el derecho de los ciudadanos, tarde o temprano nos llevará a un contencioso internacional, que el país lo puede perder si la falta de rigurosidad es la característica.

En el lado opuesto tenemos la animadversión hacia Doe Run Perú, más allá de los juicios de valor, muchos de los cuales vienen con prejuzgamiento, estamos ante un arbitraje en Londres, con reglas de La Haya, donde la frialdad anglosajona tomará la decisión. La razón del diferendo está en una denuncia por trato discriminatorio, en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos. Si se ha traspasado la línea de la razón por la pasión, alentada por los enemigos de la operadora de La Oroya y Cobriza, costará 800 millones de dólares al fisco. La razonabilidad del reclamo empresarial será lo que decidirá el proceso, eso hace indispensable que se profundice sobre el tema (Con información del diario Expreso).