Como un castillo de naipes

Los dos peritajes presentados por el procurador Gustavo Adrianzén sobre la muerte del terrorista “Tito” echan por tierra la acusación fraguada por la ONG Aprodeh contra los comandos de la operación Chavín de Huántar.

La acusación se sustenta en dos puntos: el informe de la ONG Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y el testimonio del ex rehén japonés Hidetaka Ogura. Ambos se han venido abajo en las últimas semanas.

La versión de Ogura –quien dice que vio vivo a “Tito”– debe ser descartada por la justicia porque ha sido desmentida por 69 exrehenes. Además, en su última comparecencia (por Internet), cayó en contradicciones. Su palabra nunca tuvo valor jurídico, solo tuvo valor mediático porque un sector de la prensa le hizo caso, cegado por la pasión política, pero el paso de los años ha disipado las pasiones y ha abierto el camino hacia la verdad.

El informe del antropólogo Pablo Baraybar (EPAF) sostiene que “Tito” fue asesinado de un tiro disparado de cerca, en la nuca, cuando estaba de rodillas o echado boca abajo. Precisa inclusive que el disparo siguió una trayectoria de arriba hacia abajo.

El peritaje balístico revelado esta semana demuele los argumentos de Baraybar, pues demuestra primero que la bala siguió una trayectoria de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y segundo, que fue disparada a unos diez metros de distancia, no de cerca.

Los dos peritajes nuevos se basan en los resultados de la autopsia al cadáver del terrorista y en el informe de balística elaborado por la Policía Nacional, documentos que obran en el expediente judicial.

La pregunta obvia que nos hacemos es ¿Por qué recién conocemos estos hechos después de tantos años, por qué recién el Estado los recoge y los presenta?

La respuesta es porque el Estado nunca, desde que comenzó la persecución hasta hoy, tuvo la voluntad de defender a los comandos, más bien se sumó a aquella y le facilitó las cosas, por razones políticas subalternas.

El gobierno de Alejandro Toledo contempló indolente y silencioso cómo se humilló a los comandos al someterlos a la justicia anticorrupción, y cómo se encerró al general Augusto Jaime en la Dincote, para dejar constancia de que los héroes eran “terroristas de estado”, como siempre sostuvo la izquierda marxista.

El gobierno de Alan García dejó que la persecución fluyera, que continuara la trampa de los “gallinazos”, que toma como pretexto a Montesinos para ensuciar a los comandos. La excepción en este período fueron dos ministros, Aurelio Pastor (Justicia) y Rafael Rey (Defensa), que sí sacaron cara pero tuvieron poco apoyo político.

En realidad todos fuimos responsables de esta vergonzosa persecución, por habernos callado ante ella o por haberla tolerado. Los pocos que alzamos la voz para denunciarla fuimos señalados con el dedo y estigmatizados.

Pero la verdad siempre se impone sobre la mentira. Por eso ya pocos se creen el cuento de los “gallinazos”; y por eso la infamia se derrumba hoy como un castillo de naipes.

Publicado el 04 de mayo de 2012 en el diario La Razón.