En el país de desconcertadas gentes

Los comandos de Chavín de Huántar deben estar liberados de todo cuestionamiento, ideológico, político y judicial, nacional o internacional, si queremos que el gobierno pacifique el país, desterrando el narcoterrorismo del VRAE. En ese contexto entiendo el pronunciamiento del Procurador de Defensa, Gustavo Adrianzén. Y si se tratara de un caso de obediencia debida, Fujimori, Montesinos y Hermoza ya están sentenciados; y el pueblo ya ha exonerado a los comandos de cualquier hipotético exceso.

Pedro Cateriano debe recordar a la CIDH que una cosa es delegar un punto de soberanía nacional y otra cosa es transferirla, como afirmó hace pocos años el ex canciller Francisco Tudela en el Congreso.

En momentos de lucha en el VRAE es preferible que el gobierno sienta que la oposición es responsablemente leal, y sea el presidente de la República quien juzgue si sus ministros están o no cumpliendo bien su deber. Tanto más cuanto que los servicios de inteligencia del Estado fueron desactivados en la primera década del siglo XXI y todavía no parece que se hayan recuperado como para hacer frente al desafío del VRAE.

Paralelamente, el Congreso se entretiene dando leyes caviares, limitando el uso de la fuerza de la Policía Nacional, y alentando así, deliberadamente, las protestas callejeras y los bloqueos de carreteras, al intimidar a la policía para que actúe con energía.

Y Estados Unidos hace el ridículo regalando computadoras de oficina, en vez de dotar a la policía de helicópteros blindados y chalecos anti-ametralladoras, para luchar contra los narcos.

Publicado el 05 de mayo de 2012 en el diario La Razón.