Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
Ante los dislates de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recurrentemente se propone el retiro del Perú de ellas, siendo uno de los más frecuentes argumentos el que si tenemos los derechos humanos reconocidos en la Constitución no es necesaria su ratificación en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Cierto es que los derechos a los que nos referimos están explícitos en la Constitución, como también lo es que los derechos sustantivos requieren de vías procedimentales para hacerlos valer y autoridades que los hagan cumplir, todo lo cual –mal que bien– existe en el Perú.
Sin embargo, la Historia nos ha enseñado que cuando hemos estado sometidos a autoritarismos gubernamentales nacidos o no en golpes de Estado, los derechos humanos en la práctica no todos se respetaron, cuando se activaron los mecanismos para revertir la situación no funcionaron y las autoridades llamadas a cautelarlos fueron las perpetradoras de los estropicios.
Si con los autoritarismos no funciona el sistema de protección interna de los derechos humanos, obviamente necesitamos de protección externa y es por ello que en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” se diseñó el sistema de protección supranacional al que el Perú se sometió voluntaria y soberanamente, sin que nada ni nadie lo obligue.
Nos podrán decir que los informes, opiniones y hasta resoluciones y sentencias del Sistema Americano de Protección a los Derechos Humanos, no hay forma coercitiva de hacerlos cumplir a los Estados, es verdad, pero también lo es que el desprestigio generado por el incumplimiento tiene graves consecuencias en el ámbito internacional, en que además de afectar la reputación del infractor, hoy por hoy tiene nexos con temática económica y financiera, en que inversores y entidades crediticias de nivel internacional valoran todo ello.
Criticamos al Sistema Americano de Protección a los Derechos Humanos por varias razones. La primera por el sesgo o inclinación izquierdosa de sus integrantes. La segunda por dictar sus propias reglas. La tercera por ordenar elevadísimas indemnizaciones y reparaciones. Todos los defectos mencionados se pueden solucionar sin tener que salirnos del Sistema.
El primer cuestionamiento, su solución es fácil y está en manos de los Estados Parte de la Convención, pues son ellos los que proponen a los candidatos a la Comisión y Corte, y son sus Cancilleres los que los nombran en la Asamblea de la OEA. Sencillo, escojan mejor y equivóquense menos.
El segundo defecto también tiene solución, basta que la Asamblea de la OEA, en que los países están representados por sus Cancilleres, modifique Estatutos de Comisión y Corte, trasladando la aprobación de sus Reglamentos hacia la Asamblea de la OEA y de inmediato se modifiquen ellos para garantizar a los Estados el debido proceso del que hoy carecen.
Por último, si en el tema indemnizatorio permanece en el ámbito de la Corte señalar quién paga la reparación, a quién la paga y por qué se paga, pero traslada la decisión sobre el monto de ella a la judicatura nacional, el tema quedaría resuelto.
Como vemos no necesitamos salir del Sistema, basta con hacerle urgentes correcciones.
Publicado el 06 de mayo de 2012 en el diario La Razón.
Cargando...