La reciente propuesta parlamentaria de una moratoria para la creación de nuevas universidades completaría una norma legislativa de no hace mucho tiempo que exoneró a las universidades con fines de lucro del pago de impuestos por sus utilidades. En conjunto las dos medidas consolidarían un oligopolio educativo y un favoritismo tributario para muy pocos privilegiados.
En los últimos años hemos visto la proliferación de un sinnúmero de organizaciones que llevan el nombre de “universidad” pero cuya vocación no ha sido la formación universitaria sino la ampliación de otros giros corporativos. Así tenemos la “universidad-holding” que se ocupa de diversificar negocios ajenos a la educación, la “universidad-inmobiliaria” encargada de ir adquiriendo propiedades a lo largo del país, o la “universidad- partido” cuyo fin es auspiciar alguna opción o líder político.
Todos estos objetivos son ajenos al fin supremo de una verdadera universidad como es la investigación, la excelencia académica o la capacitación profesional. Sin estos fines, las nuevas organizaciones son meras “Universidades-combis” cuya meta es solo el lucro. Por ese lucro desmedido demolieron la búsqueda de la excelencia educativa de antaño, amparándose en el argumento neoliberal de promover los derechos de libre empresa y la libre competencia en la educación. Pero ahora, estas mismas organizaciones recurren al argumento mercantilista de “regular” el sistema universitario propiciando barreras burocráticas que les permitan tener un mercado cautivo de universitarios donde nadie más que ellas pueda beneficiarse.
Si en verdad se quisiera “ordenar” el caos creado por organizaciones con bibliotecas de fotocopias y nula investigación hay que plantar dos medidas que, sin duda alguna, el oligopolio actual no aceptaría:
1. Que las universidades con fines de lucro sean empresas de accionariado difundido, cotizando en Bolsa, pues ellas deben ser supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Si estas empresas tienen una exoneración tributaria es de interés público conocer la transparencia de sus operaciones y sus buenas prácticas corporativas. Además, los padres de familia podrían ahorrar en “acciones universitarias” que en un futuro se pudieran canjear y costear con ese ahorro las carreras de sus hijos.
2. Que el Estado recupere, como antaño, su derecho inalienable de otorgar las licencias profesionales en exámenes públicos. Las nuevas universidades no deben evaluar ellas mismas a los profesionales que forman porque son jueces y parte. Cuando jurados públicos e independientes evalúen a los graduandos veremos la real calidad de cada una de las “universidades-Combis”.
Ante la arbitrariedad de limitar el derecho de cualquiera a constituir una universidad, de la misma forma que aquellos que hoy las tienen, debemos exigir nuestro derecho ciudadano a poder tenerlas con un auténtico carácter académico, sin tener miedo alguno a la participación del accionariado difundido ni a jurados públicos para conceder una licencia profesional (Con información del diario La República).
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