Al margen de los errores cometidos por los promotores fácticos de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, lo evidente para cualquier ciudadano residente en nuestra ciudad es que ese pedido recogía un clamor generalizado de la población harta de la inacción y del estilo de manejo de la comuna por parte de la burgomaestre capitalina. En cambio, las movilizaciones efectuadas para contrarrestar ese pedido son evidentemente una reacción política y no vecinal frente al planteamiento revocador.
Y de eso no se trata, si lo que se quiere es que la administración municipal de Lima responda a criterios de eficiencia y gestión evaluables por cualquier vecino y que no tienen nada que ver con la orientación política de la autoridad. Lima necesita, por sus características, una gestión altamente eficiente para si no resolver por lo menos sortear sus múltiples y graves problemas. Y eso es lo que tuvo en la gestión del alcalde Castañeda. Y para probarlo no hay más que recurrir a las estadísticas: más del 80 por ciento de los vecinos de Lima aprobaban su gestión. En la actualidad, eso se ha revertido y ese 80 por ciento corresponde más bien a quienes desaprueban a la alcaldesa Villarán.
Es en ese marco que el pedido de revocatoria se genera. Uno de los mecanismos de la democracia se echa a andar para comprobar que ella misma provee las herramientas necesarias para corregir las cosas. Sólo resta cumplir el proceso con ajuste al espíritu y la letra de las normas que lo regulan, dando señales inequívocas de rectitud, transparencia e imparcialidad.
Los protagonistas institucionales, con el Reniec a la cabeza en el momento de la verificación de las firmas necesarias, deben cumplir su rol técnico en los plazos y marcos fijados por la ley. Si, tras la depuración, se cumple el requisito, pasamos a la siguiente etapa. Si no, pasamos la página pero con la institucionalidad fortalecida y una experiencia que deja muchas lecciones. Lo que no podemos ver es que esa verificación venga teñida de sospechas, cuando un proceso como ése debe ser incuestionable ya que se trata de un proceso técnico. Si hay un número de firmas solicitadas, 400 mil, ¿qué puede empañar una verificación que lo único que hace es comprobar que las firmas son tales y corresponden a ciudadanos en ejercicio de sus derechos?
Es verdad que la alcaldesa de Lima ha corregido su accionar y se ha dado cuenta de que criticar a su antecesor y participar en reuniones vecinales repitiendo sus slogans de campaña, no es lo que los vecinos de Lima quieren sino continuar con las obras, ampliando unas, corrigiendo otras si fuere menester, pero haciendo y no hablando. Si fue tarde o no, será pregunta que responderá el tiempo y la revocatoria si llega a plantearse definitivamente. Movilizaciones políticas no es lo que hará cambiar de parecer a los ciudadanos que quieren revocarla; al contrario, podrían contribuir a afirmar su posición. Lo que en definitiva hará inclinar la balanza a su favor será la percepción de que cambia y nada más.
Reiteramos: al margen de los promotores de la revocatoria y su proceder, lo crucial es que recogen un sentimiento ciudadano forjado en meses y meses de total inacción municipal. La alcaldesa ha enmendado rumbos pero en qué medida y oportunidad, es una pregunta que la revocatoria resolverá, si se da. Y si no se da, su solo planteamiento y el consecuente re direccionamiento de la gestión de la alcaldesa Villarán, darán también una respuesta (Con información del diario Expreso).