Cuidado con la independencia del Poder Judicial

La columna vertebral del sistema democrático es el balance de poderes. La existencia de éste equilibrio impide que cualquiera de aquellos se imponga sobre los demás, pues cuando ello ocurre la democracia se acaba y se abre paso la dictadura.

Por eso la Constitución protege ese balance dándole al Congreso poderes para acusar y destituir al presidente de la república, y también lo faculta a éste para que disuelva el Parlamento en determinadas circunstancias.

En las instituciones del sistema también existe ese balance por la misma razón. El presidente del Congreso, por ejemplo, tiene como contrapesos una Junta Directiva, una Junta de Portavoces y también el Pleno Parlamentario.

En el Poder Judicial, los contrapesos son el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA), la Sala Plena de la Corte Suprema, y el Consejo Nacional de la Magistratura.

De todo esto se colige que la democracia niega de plano la concentración del poder en una sola autoridad, por ello es inexplicable que el presidente de la Corte Suprema, César San Martín, pretenda concentrar en sus manos las decisiones de gobierno de la Judicatura.

Si el Congreso de la República aprueba el pedido de facultades legislativas que ha planteado el doctor San Martín, supuestamente para combatir la corrupción, se quebrará el equilibrio de poderes en el Poder Judicial, una sola persona decidirá quien queda y quien sale de la Judicatura, y entonces su presidente se convertirá en dictador.

El Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé Orbe, ha señalado que el Poder Judicial tiene todos los mecanismos necesarios para combatir y erradicar la corrupción, pero necesita modernizarse para que su sistema funcione.

Chanamé ha precisado que, en plena era informática, los tribunales siguen manejando y archivando expedientes a mano. No tienen una base de datos, una red virtual, ni un sistema automatizado de trámites que permitirían administrar los procesos de manera eficiente y rápida.

En vez de pedir más poder, San Martín debería preocuparse por informatizar la Judicatura, pues los sistemas electrónicos son transparentes, no dejan margen a la discrecionalidad que alimenta la corrupción. ¿Algún juez se atrevería, por ejemplo, a dar un fallo arbitrario estando publicada en la red la jurisprudencia de los casos similares anteriores?

Queda claro que no hay razones jurídicas, ni institucionales, para que San Martín concentre facultades legislativas delegadas por el Congreso.

¿Cuál es entonces el verdadero motivo por el que el presidente de la Corte Suprema quiere esas facultades? ¿Acaso desea cambiar a funcionarios y magistrados del Poder Judicial según su parecer personal o el de algún sector político? ¿Actúa a título personal o en coordinación con la bancada parlamentaria gobiernista?

Si hubiese dicha coordinación la democracia estaría amenazada, pues supondría una violación de la independencia y la autonomía del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, o de un sector de éste. Y ya sabemos cómo termina la justicia cuando esto ocurre. ¿Se acuerdan de Vladimiro Montesinos y del ex vocal Rodríguez Medrano?