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He leído un excelente artículo del doctor Luis Vargas Valdivia en el cual, con brío y con solvencia académica, refuta la teoría de la llamada autoría mediata, según la cual se pretende incriminar a los jefes o superiores de quien comete un delito, por el simple hecho de la dependencia jerárquica. Tan peregrina tesis nos ha llegado de algunos juristas españoles, de calidades más que dudosas, y ha servido aquí nada menos que para condenar al ex–Presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori.
En actitud que lo honra, Vargas Valdivia ha sabido rectificarse, puesto que hace varios meses, de manera tácita o explícita, estuvo conforme con los jueces que sentenciaron a Fujimori bajo la afirmación de que conocía o tenía que conocer las acciones ilegales y delictivas desarrolladas por un grupo militar, sin que existiera en el proceso prueba alguna que acreditara la participación del ex–Mandatario en los hechos y tampoco su autoría intelectual.
A este respecto, existen datos en el sentido de que la sentencia expedida en ese proceso fue consultada a esos juristas peninsulares e inspirada por ellos. Este hecho es suficiente, por sí mismo, para acarrear la nulidad del fallo, toda vez que pondría en evidencia que los jueces no actuaron por decisión propia, absolutamente independiente y autónoma, como corresponde a quienes ejercitan la noble tarea de administrar justicia.
Además, el tribunal juzgador cometió el gravísimo error de admitir la declaración de abogados españoles que vinieron a dictar cátedra sobre la manera en que debía conducirse y resolverse el proceso. Hasta ahora no se ha definido si tales declarantes tuvieron la calidad de testigos o peritos.
No podían ser ni lo uno ni lo otro, por cuanto testigos son las personas que tienen conocimiento de los hechos producidos y ellos no tenían conocimiento alguno de los mismos, y peritos son quienes ilustran a los jueces en una materia técnica que los jueces desconocen. Pero no puede haber peritos en materia judicial sobre tema judicial. Sería la cuadratura del círculo.
Y esa teoría de la autoría mediata ha sido utilizada en los últimos días con el propósito de involucrar al director de un diario y a la jefe de una sección del mismo para hacerlos responsables de una infracción cometida por un subordinado, respecto de la cual el propio incriminado ha dicho que actuó de manera individual, sin recibir órdenes ni dar cuenta a nadie.
En buena hora que el juez que ha recuperado el manejo del juzgado en que una magistrada suplente cometió el extravío de dictar una orden de captura, ha dejado sin efecto ese mandato. Sin embargo, la imputación está en pie contra el director y la periodista, tercamente sostenida –cuándo no- por un procurador que representa al Estado. Una vez más comprobamos la negativa actuación de las llamadas procuradurías públicas, ocupadas por centenares de abogados que casi no trabajan y lo poco que hacen lo hacen mal.
Publicado el 26 de mayo de 2012 en el diario La Razón.
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