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Domingo 27 de mayo 2012

Marco Arana: "No soy antiminero"

Personaje también puso en duda algunas promesas que Ollanta Humala hizo en campaña electoral de 2011.
Marco Arana: 'No soy antiminero'
Foto: Diario La Primera

Marco Arana, reconocido luchador social y ambiental, encabezó la Marcha del Agua que llegó desde Cajamarca a Lima. En esta entrevista, nos dice que es muy prematuro aún hacer oposición al gobierno y que lo que pretendió la Marcha del Agua fue exigir que Humala cumpla con sus promesas de campaña.

Han recorrido cientos de kilómetros, ¿cómo los han recibido en cada pueblo por el que han pasado?
—Con una acogida sumamente solidaria, fraterna, con mucha simpatía y deseo de apoyar y sumarse. De hecho, salimos 80 de Celendín y 130 de Bambamarca y hemos llegado a Huacho más de 800. Se fueron sumando en el camino.

—¿Cómo estuvo compuesta la marcha desde Cajamarca a Lima?
—Por gente de Cajamarca, algunos cajamarquinos que vivían en otras regiones, y los que sentían una problemática similar, como en el caso de las rondas de La Libertad: Santiago de Chuco y Huamachuco. La gente estaba deseosa de escucharnos. En algunos pueblos no habíamos pensado parar, pero nos esperaban con banderolas y paquetes de botellas de agua y fruta. Nos hemos quedado en locales públicos para dormir, pero también muchas familias que tenían su restaurante o su tienda, nos invitaron a comer y dormir. Había mucha expectativa por saber lo que pasaba.

—La marcha en Lima fue multitudinaria.
—Pero no solo se debe valorar el significado masivo de la marcha, sino otros componentes importantes como la unidad de organizaciones sociales urbanas y rurales. Recordemos que los temas mineros y ambientales habían sido asociados hasta ahora a temas agraristas o simplemente ecologistas. No era pensable hablar en la ciudad de ello, pero el hecho de que hayan participado las grandes organizaciones gremiales y mucha gente joven con buena disponibilidad, interés y compromiso marca una diferencia. Mucha gente hizo la convocatoria de manera solidaria y muchos jóvenes tuvieron expresiones artísticas y escénicas.

—No era la clásica marcha de construcción civil…
—No. Además no era la clásica marcha sobre la que los partidos tradicionales de izquierda llegan a poner su banderola. Fue una marcha de movimientos sociales apoyada por un conjunto de actores que también son políticos, pero con nuevos contenidos. Una marcha por el agua, por la vida, por un modelo de desarrollo alternativo frente al extractivo. Esta marcha puede marcar un hito importante en los movimientos sociales del país que ya no solo reclaman agendas puntuales, gremiales o sectoriales, sino que empiezan a plantearse una visión de país.

—¿Eso quiere decir que la gente que estuvo o apoyó la marcha, gente bastante diversa y joven por cierto, es la materia prima de una gran frente político?
—Puede ser, pero creo que lo más importante es que está surgiendo una nueva forma de expresión y movilización social en el país, sensible a nuevos temas; a saber expresarse en la diversidad y plantear los temas de derechos ambientales para las generaciones futuras. Una movida marcada por lo cultural y estético: la fiesta, la alegría, la Música y todo ello reinventándose en el camino. Muchas de las cosas que se cantaron y de los lemas, eran innovadores en los movimientos sociales.

—¿Cómo cuales?
—Por ejemplo, luego de veinte años en los que el discurso hegemónico nos ha dicho que todo es dinero, la gente decía en la marcha que el agua es más valiosa que el oro. Es una oportunidad para discursos y prácticas novedosas que apuntan no solo a cambios políticos sino culturales.

—Pero eso es lo que encabezó Ollanta en su momento, porque estoy seguro que el 99 por ciento de los manifestantes votaron por él, ¿cree que este espacio puede ser llenado por otros líderes?
—Para mí está claro que las personas que asistieron no venían solamente a hacer oposición al gobierno, en realidad le estaban reclamando coherencia al gobierno. Todavía es prematuro decir que esta movilización es la de inmediata oposición al gobierno. Yo creo que lo que hubo el viernes fue un reclamo de sintonía de la autoridad gubernamental con la demanda popular, de la iniciativa legislativa con la propuesta de las organizaciones. Hay un campo en que el gobierno podría entorno a los temas fundamentales del país volver a sintonizar. El tema va a depender de las correlaciones de poder. Si el presidente decide gobernar con las élites, como viene haciendo, será sobre la base de una ilegitimidad. Eso lo vamos a saber en los próximos meses, dependiendo de lo que ocurra con Conga.

—Y hablando de Conga, ustedes presentaron dos proyectos de ley luego de la marcha, ¿qué es lo más relevante en ellos?
—Aparte de los dos proyectos de ley, vamos a insistir en una reforma constitucional. Pero el contenido de lo presentado es la prohibición de minería en cabecera de cuenca y glaciares, que apunta a preservar y conservar las fuentes naturales de producción de agua; y la prohibición de la minería tóxica de cianuro y mercurio, lo que no es una novedad porque en muchos países ya se ha prohibido el uso del cianuro en la minería, y en el caso del mercurio, el informe del 2005 de Naciones Unidas recomienda que no se utilice en la producción industrial. Pero en el Perú, el uso del cianuro es prácticamente recomendado, y el mercurio se vende en varias ciudades en las calles como si fuera abarrotes.

—No cabecera de cuenca, no mercurio, no cianuro… me está hablando de casi toda la gran minería peruana.
—Y también de la pequeña minería. La gran minería produce mercurio que lo utiliza en sus procesos la pequeña minería. El tema es como replantear todo este modelo de desarrollo basado en la extracción de minerales. Se necesita un nuevo marco jurídico e institucional para la minería y para los temas ambientales en el Perú. Lo que está en juego no solo es si Conga va o no. Lo que está en juego es vamos a hacer minería, pero introduciendo elementos de gestión ambiental, sociales y económicos que permitan que la minería se haga para servir al país, o vamos a continuar con el modelo de un país del cual se sirven las empresas mineras.

—¿Entonces no es verdad, como dicen muchos, que Ud. es antiminero?
—Yo nunca me he reconocido como antiminero, sí me he reconocido como un ambientalista. Lo que he señalado es que siendo la minería una actividad económica importante, no debe hacerse violando derechos humanos, con marcos institucionales y jurídicos sumamente permisibles y tan débiles que permite que aunque exista la norma, sea burlada.

—¿A qué se refiere concretamente?
—Tenemos una minería con altos impactos y alta conflictividad social. Las pruebas están allí. En Cajamarca, Yanacocha tiene denunciados a tres municipios. Denunció al municipio de Celendín cuando quiso proteger su cabecera de cuenca en el 2004. Actualmente tiene una contienda judicial sobre la protección de 284 lagunas de Alto Perú en San Pablo, y tiene denunciada a la municipalidad de Baños del Inca por lo mismo, por proteger su cabecera de cuenca.

—El gobierno regional de Cajamarca también ha expedido una ordenanza que prohíbe la minería en cabecera de cuenca, es decir, si Conga se ejecuta estando vigente esta norma, sería ilegal…
—Conga sería, como dice la consigna popular, inviable. El tema ahí no es solo el peso de la ordenanza, que tiene rango de ley, sino todo el proceso previo de zonificación ecológica y económica que ha demorado más de cinco años, que ha identificado esa zona como de lata vulnerabilidad ecológica, por ser productora de agua. No se le ocurrió a los consejeros regionales y al presidente regional decir hay un conflicto, prohibamos Conga. La inviabilidad de Conga es técnica, ambiental, pero también social. La gente no quiere que Conga repita los niveles de depredación ambiental que ya ocurrieron en Yanacocha.

—¿Eso quiere decir que la única manera en que Conga vaya, sería mediante la fuerza?
—En este momento no hay manera, desde el punto de vista social, de que Conga vaya. El gobierno debe tomar nota, que la marcha pacífica apunta a reconstituir espacios institucionales de entendimiento, no solo simbólicos, sino prácticos: la defensa de nuestra ordenanza y dos iniciativas legislativas.

—¿Luego que viene?
—Una campaña y acciones para pedir una reforma constitucional que declare al agua como un derecho humano, de modo que no se privilegie el agua de consumo humano para las industrias y lo que quede para la población sino al revés. Lo que pasa es que el marco jurídico institucional minero elaborado en 1992 por Fujimori ha llegado a su fin, ha colapsado. Necesitamos un nuevo pacto entre la sociedad, el Estado y la minería.

—¿Un nuevo esquema minero?
—Así es, el nuevo esquema que movilizó a la gente para respaldar al candidato Ollanta Humala.

“Es lamentable que Valdés haya dicho que no conoce el informe”

–¿Usted ha revisado el informe Giesecke sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga?
–Sí, pero es lamentable que el ministro Valdés haya dicho que no conoce el informe, siendo el principal vocero para conducir a una solución al conflicto.

–¿Cómo pretende encontrar una salida si ni siquiera conoce las herramientas producidas por su propio gobierno?
–El informe Giesecke es contundente. Pone en cuestionamiento la calidad del EIA: no hay una evaluación adecuada de los temas hidrogeológicos; no se ha evaluado adecuadamente los activos ambientales que se pierden; llama la atención el hecho de que las lagunas, siendo un bien público, si se crea una represa, se pierde valor público porque la represa es privada, aunque la ley de recursos hídricos dice que la población en torno a este tipo de cuerpos de agua puede hacer libre uso y que este no puede ser interrumpido de ninguna manera. Al colocarse una represa que es inversión privada, y nos ha pasado en San José en el Rejo, se convierte en territorio minero cerrado a cualquier uso público.

Esas once páginas deberían haber sido suficientes para que el gobierno empezara a revisar que es lo que falló en la aprobación que hizo el ministerio de energía y Minas en ocho meses de un EIA del proyecto de inversión minera más importante de los próximos cinco o diez años. Todo indica que el EIA fue aprobado, más que por decisiones técnicas, por decisión política. Hasta Cecilia Blume admite que el tiempo promedio de un EIA es de dos años a dos años y medio.

–¿Entonces como queda el peritaje?
–El peritaje es una coartada para justificar una decisión política que es Conga va sí o sí como ha dicho el presidente y, como ha dicho Valdés, va sí o sí a fines de marzo, por eso es que no han permitido una discusión sobre los términos de referencia del peritaje para decir que es lo que se va a evaluar y cuanto tiempo va a durar. Pero si la decisión ya está tomada para qué hacer un peritaje.

–Hasta ahora no se sabe quiénes son los peritos.
–Uno de los problemas que deben de tener es de dónde sacan un equipo serio de técnicos que quieran hacer un peritaje y cobrar como corresponde si es para avalar una decisión política ya tomada (Con información del diario La Primera).

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COMENTARIOS
1 comentarios
de donde creen que come,si no trabaja en nada.....
28 de mayo 2012
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