La revocatoria como mito

La posibilidad que un proceso de revocatoria de autoridades en el plano del control democrático de la gobernabilidad local en el país (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano), no haya cumplido a cabalidad con las expectativas necesarias para satisfacer la justa confianza ciudadana, denota que un procedimiento de esta naturaleza no solo confronta  serios obstáculos y vicisitudes en los ámbitos técnicos, políticos, funcionales y jurídicos, sino que hasta la fecha la revocatoria de autoridades como mecanismo de control democrático no puede ser una realidad en nuestro país. No estamos a favor o en contra de la revocatoria de un alcalde en particular o de cualquier otra autoridad como lo establece la ley, sino que lo que preocupa sobre manera es la forma poco ortodoxa como se desenvuelve un proceso de revocatoria en nuestro medio, que en la práctica no es otra cosa que ejercer el derecho de control ciudadano a través de la revocatoria de una autoridad.

No es que no sean importantes las etapas, exigencias y plazos que posibilitan la verificación correcta de la autenticidad de las firmas que sustentan  el pedido de revocatoria para poder continuar en un proceso de revocatoria edil. El problema no solo pasa por la incapacidad material y técnica de verificar de manera oportuna la autenticidad de las firmas, conforme a los plazos que señala la ley (comprobación semiautomática en la que se verifica la autenticidad de las rúbricas, con la presencia de los representantes de los revocadores y las autoridades ediles), sino el manejo poco decoroso y hasta indigno en el que se desenvuelve un proceso de revocatoria.

Hablamos de escándalos mediáticos todos los días que se caracterizan por denuncias de todo género, en las que priman acusaciones por falsificación o adulteración de firmas, interceptaciones telefónicas mutuas que están prohibidas por la ley, publicidad sin ningún recato de posibles audio en los que se pueden escuchar conversaciones privadas, y cualquier otra información falsa o real pero que sea relevante y afecte la honorabilidad de los participantes, sean revocadores, promotores, autoridades o cualquier otra persona que pueda tener interés sobre el particular, en medio de una lucha de poderes en el que se vulneran honras, pudores y virtudes personales.  

Conforme transcurre un proceso de revocatoria, el ciudadano verifica y constata la manera incorrecta como se maneja un proceso de revocatoria en nuestro medio, resaltando que quienes pierden no son los revocadores que no tuvieron el éxito esperado, o los que no pudieron ser revocados, sino la misma democracia que constata una vez más que el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos, aparecen desnaturalizados por la cantidad de dudas, irregularidades y graves irresoluciones que pueden aparecer en el camino de una revocatoria (Con información del diario Correo).