El Estado y la solución de conflictos

Gobernar con autoridad democrática para cumplir con la función social del Estado es una misión difícil para cualquier Gobierno. Se comprende aunque no se justifica que los gobiernos anteriores optaran por dejar que las leyes de la economía del mercado lo hicieran todo, mientras los tecnócratas se dedicaban a administrar el crecimiento. “Dejar hacer, dejar pasar” (laissez faire), al viejo estilo liberal. Lo grave ha sido que mandaban a la PNP a resolver conflictos.

Más de 200 conflictos sociales que se manifiestan en estos días en el Perú, no se incubaron de la noche a la mañana. Nacieron, crecieron y no dejaron de existir desde hace  varias décadas. En la actualidad los conflictos se expresan con libertad y libertinaje, porque los actores sociales consideran que la solución es factible con el diálogo o con la violencia, (“el que no llora no mama”). Pero esta praxis social no hace sino afectar la gobernabilidad.

El Estado como institución jurídica ha demostrado desde hace muchas décadas que no tiene mecanismos eficientes de mediación para concertar al gobierno con el pueblo. El mismo nombre de “Oficina de Gestión de Conflictos Sociales” es producto del concepto fronterizo que tuvieron algunas autoridades sobre las funciones que debe cumplir este organismo. El nombre más apropiado podría ser Oficina de Acuerdos Sociales.

El Defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna ha señalado, hace unos meses, una serie de problemas que enfrenta el Estado cuando trata de resolver conflictos sociales que ha recibido como herencia de otros gobiernos. Las “bombas de tiempo” son necesidades y aspiraciones insatisfechas que han pasado del malestar a la violencia en la medida que los involucrados no recibían una respuesta satisfactoria de las autoridades, que hacían oídos sordos a la crisis social, porque preferían trabajar cómodamente sentados en sus oficinas limeñas. 

Sin perjuicio de que la Defensoría del Pueblo recomiende especializar y  equipar con armas no letales a la Policía Nacional, el Perú es testigo de que los efectivos policiales no tienen una formación adecuada para resolver conflictos sociales. Las autoridades prefieren  las decisiones por impulso, tomadas en el escenario del conflicto, que no siempre resultan apropiadas. Un conflicto no resuelto no hace más que agravar la situación de violencia.

El marco legal tiene que ser reformado. No se le puede exigir a un policía que se convierta en un mediador de conflictos si no tiene la protección que le permita una defensa contra excesos y defectos en el cumplimiento de sus funciones. Es obvio que la PNP no debe estar en la cuerda floja, a la espera que se rompa por el lado más débil. Y ningún compatriota debe estar sujeto a recibir un balazo como respuesta. Errar es humano pero corregir es divino.