El presidente Ollanta Humala puso su liderazgo en juego cuando asumió personalmente un discurso que se puede resumir en: “quiero el agua y el oro”. La consecuencia de haber asumido un temprano papel protagónico en un tema complicado es que se ha alejado de una parte sustantiva de quienes fueron sus votantes, principalmente pobres urbanos de la sierra y poblaciones rurales. Ollanta Humala está perdiendo la adhesión de su base social original y capta de forma creciente el apoyo de los poderes constituidos, del Perú moderno urbano y de la población de Lima. Los conflictos ambientales no son un problema causado por líderes radicales. Es cierto que existe afán de protagonismo político en los líderes, pero la política no está compuesta por ‘ángeles del señor’.
Los conflictos ambientales generan intensos sentimientos y en ellos se combinan varios factores: i) los temores causados por el cambio climático que generan una reducción de los picos nevados y generan temor de perder fuentes de agua vitales para la agricultura; ii) las historias de proyectos que han generado gran daño ambiental como Southern en Ilo y Centromín en Junín, por citar dos ejemplos previos al Código del Medio Ambiente; iii) el retraso en el desarrollo y la sensación de desamparo de los pueblos por ausencia de un Estado mínimo; y iv) la desigualdad que genera el propio desarrollo económico al concentrar los beneficios en determinadas localidades, regiones y sectores.
Para encaminar los proyectos mineros, el Gobierno debe proyectar la imagen de estar del lado de las comunidades que juró defender del poder de las multinacionales. El presidente Ollanta Humala y su equipo político necesitan con sus acciones demostrar de qué lado están. Es viable encaminar las actividades extractivas que más inversión atraen desde una postura de exigencia al capital, una lógica de compensación y una opción de protección del medio ambiente. Si se puede. Y el gobierno tiene un ministro de Medio Ambiente que puede jugar el partido. Pero se requieren decisiones urgentes e importantes. En primer lugar, quitarle a los ministerios sectoriales las competencias referidas a: i) aprobación de estudios de impacto ambiental (EIAs), ii) control de límites máximos permisibles, iii) control de PAMAs y iv) manejo de pasivos ambientales. Todas estas competencias deben pasar inmediatamente al Ministerio del Medio Ambiente (MINAM).
Luego en el caso de Conga es urgente anunciar de forma inmediata la necesidad de realizar un nuevo EIA dadas las modificaciones planteadas por el propio presidente al proyecto y señalar que éste se suspende hasta la revisión del nuevo EIA. En este proceso, los gobiernos regional y nacional deben hacer todos los esfuerzos por definir de forma conjunta el alcance del nuevo EIA y el nuevo ejecutor del estudio. El diálogo en Cajamarca debe basarse en la realización de dicho nuevo EIA superando las visiones antagónicas tipo Conga no va o Conga va si o si. De la voluntad de la partes dependerá que Cajamarca pueda desarrollar una minería responsable que combine crecimiento e inclusión. En todo el Perú, las empresas y comunidades requieren que el Estado a través de un MINAM fortalecido sea el árbitro de los intereses de las comunidades, regiones y de las empresas mineras. Necesitamos un nuevo enfoque de Justicia Ambiental. Necesitamos la imagen del Presidente del lado de la justicia. En los próximos días el mandatario se juega una buena parte de su destino político. Estoy seguro que puede recuperar su conexión con la sierra y con las zonas rurales. Menos esfuerzos en el campo intimidatorio y más pericia política le pueden permitir al gobierno salir airoso de este complicado momento. Evitemos enfrentar al Perú moderno con el Perú profundo y podremos armonizar una nación con sensación de futuro. Aún hay tiempo (Con información de Diario 16).