Reflexiones sobre el Congreso de la República

Desde hace varios años, el Congreso de la República del Perú, primer poder del Estado, es objeto de cuestionamiento persistente por la ciudadanía a través de los medios de comunicación.

Recientemente, Pedro Pablo Kuczynski, en “La columna de PPK” (diario Correo, 20/05/12)  escribió el artículo “La Sociedad de la Desconfianza”, en el que, entre otras cosas, manifiesta que el Congreso de la República y el Poder Judicial son los poderes del Estado “menos respetados según la mayoría de encuestas”. Y agrega: “El Congreso, el símbolo más representativo de la democracia, recibe una percepción igualmente deficiente. Se está haciendo un esfuerzo de limpieza –más de la mitad de los legisladores han tenido o tienen posibles casos en la Comisión de Ética- pero el desprestigio sigue”.

Se cuestiona al primer poder del estado por la inconducta de algunos de sus miembros y por el mal ejemplo que éstos dan a la sociedad al incurrir en  comportamientos impropios a su alta investidura, los mismos que luego de ser analizados e investigados son sancionados inicialmente por la Comisión de Ética del Congreso y, ulteriormente, por el Poder Judicial.

Según el diario Perú.21, un reporte oficial enviado por el Poder Judicial al Congreso comprueba que, entre los padres de la patria con asuntos pendientes en la justicia, se encuentran nueve legisladores de Gana Perú, nueve de Fuerza 2011, cuatro de Alianza Parlamentaria y tres de Solidaridad Nacional, todos ellos por delitos cometidos antes del inicio de la función legislativa.

LA ELECCIÓN DE MALOS CONGRESISTAS

La responsabilidad de la mala imagen del Congreso no radica en los medios de comunicación, toda vez que éstos, en cumplimiento de sus funciones, informan a la población sobre hechos que interesan y preocupan a la colectividad.

La responsabilidad de la existencia de malos “padres de la Patria” es múltiple. En primer lugar, la responsabilidad radica en los partidos políticos que inscriben sus listas  de candidatos al Congreso ante el Jurado Nacional de Elecciones sin hacer un análisis minucioso de los antecedentes personales, políticos, policiales, penales y morales, y los inscriben considerando el mayor   o menor aporte económico, en algunos casos “dedocráticamente”, sin respetar la voluntad y decisión de sus militantes expresados en procesos electorales internos.

En segundo lugar, cabe la responsabilidad a la legislación electoral vigente, ante la inexistencia de rigurosos requisitos para ser candidato al Congreso de la República. No está bien, por ejemplo, que la actual Constitución Política de 1993 considere sólo tres requisitos para elegido congresista: ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio.

En tercer lugar, también alcanza la responsabilidad del problema al Jurado Nacional de Elecciones, al no ejercer su derecho de iniciativa legislativa para proponer proyectos que se anticipen a la solución de problemas que se presentan después del proceso electoral.

Y finalmente, asiste la responsabilidad a los electores. Pues, en cada proceso electoral eligen por elegir, generalmente influenciados por las encuestas,  las redes sociales y grupos de amigos,  sin explicarse el por qué votan por tal o cual candidato, y muchas veces sin informarse quien es quien.

La mala imagen de una institución no se mide en términos cuantitativos, sino cualitativos. Basta que uno de sus miembros observe de manera reiterada un comportamiento impropio o incurra en actos ilícitos, para concluir que dicho miembro está contribuyendo a forjar la mala imagen de la institución.

Los congresista saben muy bien que sus actos públicos y privados tienen que ser juzgados a la luz de la verdad y la justicia, en aras del bien común. Son los representantes del pueblo. Por tanto, la población tiene todo el derecho de ser informado sobre el comportamiento de los ciento treinta congresistas. En este sentido, bienvenido la posición investigadora y fiscalizadora de los medios de comunicación, con el uso adecuado de la libertad de expresión, opinión y difusión.

Por eso, quien quiera ser congresista no debe tener rabo de paja: juicios pendientes de ventilación, haber sido sentenciado por algún delito,  ser tránsfuga político, etc. El congresista deberá observar una intachable conducta pública y privada, tener formación profesional, haber ejercido exitosamente algún cargo público y estar libre de toda clase de antecedentes (policiales, penales, tributarios, entre otros), ser político con sólidos principios y valores humanísticos y éticos, si lo que aspira es cumplir a cabalidad sus funciones y servir a la sociedad peruana.

En política, la moral vale mucho, como en cualquier tipo de profesión. Pues un hombre sin moral no es una persona, es un simple individuo. El político debe ser una persona ética, sólo así tendrá la autoridad moral para invocar y promover en la ciudadanía su participación en la construcción de una sociedad mejor. Sólo así tendrá autoridad moral para investigar, fiscalizar y sancionar también las inconductas de los miembros de los demás poderes del Estado, en aras del bien común..

El Congreso de la República tendrá una buena imagen en la medida que  administre  eficiente y austeramente los fondos del estado, que sus miembros trabajen con responsabilidad social, política, jurídica y moral, que apruebe el incremento de los emolumentos de manera racional y acorde con sus altas funciones, que contrate a los trabajadores manuales e intelectuales mediante concurso público y  méritos personales y profesionales, que actúe con justicia respecto a las pensiones de los cesantes y jubilados, que  apruebe leyes por la naturaleza de las cosas (no de las personas) y que  no se contradigan entre sí, y, finalmente, que apruebe el presupuesto de la República  con criterio técnico y social, según las reales necesidades y demandas de los pueblos del Perú.

CASOS QUE REPERCUTEN EN LA MALA IMAGEN DEL CONGRESO

Entre los casos de algunos congresistas que repercuten en  la mala imagen del Congreso, que fueron y son investigados y sancionados por la Comisión de Ética, podemos resumir en los siguientes puntos:

1.    Consignar en su hoja de vida ante el JNE una sentencia suspendida por delitos aduaneros.

2.    Supuesto falseamiento de información en su hoja de vida al JNE sobre su formación académica.

3.    Supuesta violación sexual a  jefa de prensa de congresista.

4.    Denunciar a sus colegas congresistas por supuesto fraude procesal y presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria.

5.    Agredir verbalmente a sus colegas con expresiones  como: “Yo no te firmo ni m…” , “tiene un serio problema mental”, “se merece la atención de un psiquiatra”, entre otros.

6.    Presentar  proyectos de ley con información plagiada de la web Wikipedia para crear un fondo a favor de las víctimas de la trata de personas.

7.    Obviar en su hoja de vida una sentencia del poder judicial por proxenetismo en su contra.

8.    Mentir sobre sus estudios y no incluir en su hoja de vida la condena por “receptación” de un vehículo.

9.    Presunto abuso de poder contra un ciudadano a quien no habría pagado por un trabajo.

10. Agredir a reporteros de un canal de televisión.

11. Presunto tráfico de influencias y de lavado de activos.

12.  Presunto cambio de  la razón social de sus empresas para evadir impuestos

13. Presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo.

14. Presunto delito de robo agravado y otros en agravio de un Gobierno Regional y por  delito ambiental.

15. No consignar en su hoja de vida de candidato una condena vigente por el delito de contrabando.

16. Poseer intereses mineros en una región donde operan mineros informales de oro.  

17. Presuntos delitos de abuso de autoridad contra la fe pública.

18. Consignar falsamente en su hoja de vida haber egresado de la carrera de Ciencias Administrativas de la Universidad de San Martín de Porres.

19. Consignar falsamente en su hoja de vida haber concluido sus estudios de maestría en Diseño, Gestión y Proyectos en la Universidad de Piura.

20. Presunto delito de difamación en contra de regidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

21. Presunto delito de homicidio calificado y robo agravado.

22. No haberse desligado de una discoteca, en cuyo segundo piso se ejercía la prostitución.

PROPUESTA FINAL

Tenemos conocimiento que la mayoría de los actuales congresistas lamentan la inconducta de algunos de sus colegas y se comprometieron a recuperar la imagen del Congreso, por la salud democrática y el desarrollo socioeconómico del país.

No basta la suspensión máxima por 120 días sin goce de haber, que la Comisión de Ética propone o recomienda al pleno del Congreso para los congresistas que infringen el código de ética del poder legislativo. No es suficiente tampoco la remisión de la denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Considero pertinente proponer algunas ideas y acciones para evitar casos como los expuestos y mantener la buena imagen del Congreso:

1.             Reformar la Constitución Política para que el voto sea voluntario en las próximas elecciones nacionales. Y como requisitos para ser candidato propongo que, además de los existentes, el postulante tenga formación profesional universitaria, que no haya sido sentenciado por algún delito, que no tenga conflictos de interés con el Estado en caso de salir elegido, que no esté comprendido en los casos de incompatibilidad establecidos por ley.

2.             Los partidos políticos deberían evitar que personas con procesos abiertos o incluso que hayan sido procesadas por algún delito grave puedan ser candidatos al Congreso. Asimismo mejorar el sistema de filtros y estrategias de investigación para la elaboración e inscripción de candidatos al Congreso ante el Jurado Nacional de Elecciones.

3.             Entre las causales para revocar a un congresista debería considerarse el incumplimiento de sus promesas electorales, la mínima asistencia a las Comisiones de trabajo del Congreso y a las sesiones del pleno del Congreso, el escaso número de leyes aprobadas de su autoría y la apertura de procesos de investigación de su persona dispuesto por el Poder Judicial.