Hoy cientos de personas de la provincia de Bagua (en el departamento de Amazonas) conmemoran con tristeza uno de los conflictos sociales más recordados no solo por los primeros, sino además por toda la opinión pública peruana debido al número de víctimas mortales que produjo: el Baguazo.
De esta forma, el lamentable saldo fue de 34 personas muertas, de las cuales 24 eran efectivos policiales, producto de los enfrentamientos entre los agentes del orden con la población local, siendo la razón de los mismos el Decreto Legislativo 1090, que permitía la privatización de tierras en la Amazonía para proyectos de interés nacional (por ejemplo, la extracción de recursos minerales).
Tras días llenos de incertidumbre y ácidas críticas, el Congreso de la República decidió derogar el citado decreto, que pusieron en jaque a la presidencia de Alan García, al primer ministro Yehude Simon Munaro y a la ahora ex parlamentaria Mercedes Cabanillas, quien entonces ocupaba la cartera del Interior y que como consecuencia de ello tuvo que dejar el cargo poco más de un mes de acaecida la revuelta, el 11 de julio de 2009, al gual que Simon Munaro.
Luego de este aciago 5 de junio de 2009, hubo varios intentos por instaurar una norma que tome en consideración la opinión de las comunidades que podrían verse afectadas por eventuales programas mineros, por lo que en agosto de 2011, bajo lagestión del ahora jefe de Estado, Ollanta Humala, se aprobó la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
El mandatario hizo oficial esta norma precisamente en la nombrada jurisdicción amazónica, a manera de homenaje a los caídos durante el Baguazo.