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Bajo el argumento de la defensa del agua y el medio ambiente, en los últimos meses se han ido generando una serie de actos de protesta que como dijimos ut supra, pueden ser legítimas, pero cuando se tornan violentas, lo legítimo se convierte en ilegal.
La situación se agrava cuando los promotores de estos hechos con las propias autoridades elegidas; pues, se supone que su tarea es la de trabajar por el bien común de la comunidad; y, bajo este concepto buscar el nexo con las autoridades del gobierno central a fin de encontrar la solución a las demandas de la población. Esta situación no ocurre, tenemos como ejemplo al presidente regional de Cajamarca, promotor de las protestas en contra del proyecto minero Conga, y al alcalde de Espinar (Cusco), contra la minera Xtrata–Tintaya.
Asimismo, existen otras autoridades que, peor aún, aprovechando el cargo que ostentan, usan mecanismos para incitar a la protesta; es el caso de la congresista Verónika Mendoza, quien habría utilizado un informe falso para azuzar a la población de Espinar y provocar actos de violencia.
Publicado el 06 de junio de 2012 en el diario La Razón.
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