Hemos venido recalcando hasta el cansancio desde esta columna, que estaba en marcha una nueva modalidad de violencia para la captura del poder político a través de una alianza entre los ultras radicales y la ilegalidad económica del país, llámese minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico y, en general, lavado de activos. Unos quieren desestabilizar al Gobierno hasta la caída del régimen; y los otros no quieren que el Estado desarrolle actividades económicas en sus zonas de dominio. Surgieron así los famosos “frentes de defensa” que desataron extrema violencia en Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios, Bagua, entre otros, y ahora en Cajamarca.
En esta última localidad el primer abanderado del violentismo fue el presidente del “frente” pero al descubrirse su pasado terrorista se volvió demasiado vulnerable. El liderazgo ha sido asumido por el presidente regional provocando la paradójica acción del Estado contra el Estado. Esto es el corolario de Bagua, que tenía como objetivo traer abajo al gobierno de Alan García a cuyos ministros habían puesto de rodillas en cuanta “mesa de diálogo” se establecía, a tal punto que los ministros muchas veces tuvieron casi que huir de la turba porque no los llamaban para dialogar sino para imponer. Previamente movilizaron el Cusco y Madre de Dios desde donde, por coincidencia, viene nuestra fuente energética. Organizaron una llamada “cumbre de pueblos indígenas” en Puno, en la cual se leyó un mensaje de Evo Morales que instaba a los nativos a pasar de la resistencia a la rebelión y luego a la revolución.
Trasladaron luego toda esa fuerza movilizada hacia el norte para controlar el bombeo de petróleo desde la selva a través del oleoducto norperuano y el lugar ideal de concentración fue Bagua en donde bloquearon carreteras, tomaron en cautiverio a la población y desataron la violencia como les vino en gana y todo ha quedado impune hasta hoy. Allí se les unió el Sutep y la CGTP para ir a un gran paro nacional. ¿No está sucediendo lo mismo en Cajamarca con los reflejos de Espinar y Cusco? Si perseguimos solamente a Santos cometeremos un gran error político pues ya el Sutep está participando. Hay que revisar todo el marco jurídico en lo penal y en lo constitucional para enfrentar este nuevo peligro. Mientras, del Vrae se sabe poco o nada (Con información del diario Expreso).