Revocatoria: madre de conflictos

La proliferación de las protestas sociales en diversos distritos del país está propiciando a no pocos activistas radicales a hacer abuso del derecho ciudadano de revocatoria de autoridades políticas poniendo en riesgo no solo la continuidad de la gestión del gobierno local sino también su estabilidad política.

En efecto, la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, reconoce el derecho de la ciudadanía para destituir a autoridades políticas entre los que destacan los presidentes regionales y los alcaldes, señalando expresamente en su artículo 21º que la solicitud de revocatoria fundamentada no requiere ser probada. Con lo cual, se allana el camino para quienes buscan la remoción de las autoridades en base a venganzas políticas o pretensiones electoreras. Esta ley no es capaz de frenar la proliferación de iniciativas politizadas y favorece a los políticos de posiciones extremas y radicales, por lo que debería derogarse para impedir el riesgo del caos en las distintas localidades del país. Y es que la democracia participativa mal entendida puede atentar contra la esencia de la democracia y las bases de la gobernabilidad local y regional.

Aun más, las revocatorias en el país se han dado mayormente en distritos pequeños y alejados, que son las que precisamente requieren ser fortalecidas. Según datos de la Onpe, en las siete consultas anteriores hasta el 2009 se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), siendo revocadas 1,057 (31.3%): 210 alcaldes y 847 regidores. Y fue en el 2008 donde hubo la mayor cantidad de consultas de revocatoria a nivel nacional, superando los 1,200 pedidos. En su mayoría se tratan de procesos que no se han generado precisamente como producto de la madurez política y responsabilidad ciudadana requeridas, sino por revanchismos políticos y apetitos electorales, trayendo consigo no solo la polarización política de la ciudadanía, sino también la casi paralización de la gestión de gobierno, incluyendo el proceso de ejecución de los proyectos de inversión, con las consecuencias que ello significa para el desarrollo de las localidades.

Antes que revocatoria de autoridades, lo prudente es promover la creación de mecanismos de diálogo y concertación entre las autoridades y la comunidad organizada que apunten hacia la solución de conflictos y a la participación ciudadana en la formulación de planes de desarrollo efectivo para sus localidades (Con información del diario Expreso).