Secretismo remunerativo

La Constitución dispone la obligatoria publicación periódica en el diario oficial, de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.  Los congresistas están inmersos en tal disposición de cumplimiento insoslayable.

Tanto la Constitución como la ley pretenden terminar con el ocultismo remunerativo, impedir el secretismo en dicha materia y propiciar la debida transparencia.

¿A qué va todo ello? A buscar las motivaciones por las cuales el Congreso ha dictado la Resolución Legislativa No 7-2012-CR, publicada el 9 de junio último, y que hasta ahora nadie ha podido explicar.

En la tramitación del proyecto normativo base de la Resolución Legislativa a la que nos referimos, no han intervenido comisiones dictaminadoras, pues en los estamentos de concertación parlamentaria como es la Junta de Portavoces, se le dispensó de tal requisito, pasó por un tubo al Pleno del Congreso y se aprobó sin debate.

La Resolución Legislativa tiene como finalidad supuesta el precisar que el Régimen Laboral, la Seguridad Social y los Derechos Funcionales establecidos en el Reglamento del Congreso, deben respetar la normatividad laboral y tributaria vigente, como si ello no estuviere hace tiempo establecido, o como si el Parlamento estuviere incumpliendo la normativa laboral y tributaria aplicable a los congresistas.

Al modificar la Segunda Disposición Final del Reglamento del Congreso, la Resolución Legislativa que comentamos determina que las normas del citado Reglamento que establecen el Régimen Laboral, la Seguridad Social y los Derechos Funcionales, deben respetar lo establecido por la normatividad laboral y tributaria vigente, en lo que fuere aplicable.  ¡Misterio de barrio Chino! Y no por la cercanía del Palacio Legislativo a la calle Capón.

El Congreso desde tiempo atrás ha venido decreciendo en la estima ciudadana, y ello no es bueno para la Democracia pues el Parlamento es la casa de todos, en donde se debe  hacer las labores de representación ciudadana y de fiscalización del aparato público, y es el recinto de las leyes, donde se discuten y sancionan las normas legales que nos obligan a tener y mantener la convivencia democrática.  No es bueno por ello que se aprueben normas de dudosa motivación y de factura poco clara.

Para el ciudadano común la impresión que se da con dicho tipo de normatividad, es que los congresistas son buenos para ponerse de acuerdo en sus beneficios, pero muy malos para lo que es vital para el Sistema, como el nombramiento del Defensor del Pueblo, llenar las vacantes producidas en el Tribunal Constitucional y elegir a los representantes del Congreso en el Directorio del Banco Central de Reserva.  Este doble estandard  no es saludable.

Publicado el 15 de junio de 2012 en el diario Expreso.