Corte de pelo en Lurigancho

Lurigancho es, desde hace décadas, un territorio no controlado por el Estado peruano. Una prisión marcada por el hacinamiento, una ciudadela dominada por mafias desde donde se organizan secuestros, asaltos y crímenes de todo tipo y en donde el control interno no lo ejerce la policía sino avezados delincuentes que cobran desde el alquiler de los espacios hasta los “derechos” de protección a los reclusos. Esta situación no ha logrado ser revertida por ningún gobierno de las últimas décadas y se erige como prueba palpable de la corrupción e inoperancia del Estado peruano.

Desde hace cuatro meses, sin embargo, bajo la dirección del coronel PNP Tomás Garay, el orden empezó a imponerse en Lurigancho. Un esfuerzo serio del Estado por recuperar el control del presidio más poblado del país. Garay estableció normas estrictas y ordenó requisas sistemáticas en 23 pabellones del penal.  Así se incautaron 600 gallos de pelea, equipos de refrigeración  instalados en las celdas “de lujo”, celulares, computadoras, pistolas, granadas de guerra, municiones, cuchillos, chavetas, lanzas y, cómo no, drogas.

A estas medidas se sumaron valiosas iniciativas  como la organización de ferias productivas y festivales gastronómicos, que concitaron el interés y aprobación de los reclusos. Es decir, a los esfuerzos por imponer orden y autoridad en el apenal, se sumó una visión rehabilitadora y humana, destinada a contrarrestar la acción delictiva de las mafias que buscaban mantener el control de Lurigancho.  Como parte de su estrategia de recuperación del control del penal, el coronel Garay ordenó el corte de cabello (casi rapado) de los reclusos. Esta medida fue aceptada por los delegados de los diversos pabellones y tenía como objetivo principal identificar fácilmente a la población penal así como luchar contra las fugas y salidas indebidas.  En ambientes sobrepoblados y hacinados, se trata de una medida de higiene y salubridad inobjetable.

El corte de pelo, sin embargo, escandalizó a algunos. Protestó la Defensoría del Pueblo, el ministro de Justicia y el propio director del Instituto Nacional Penitenciario. Según ellos, se trataba de una “práctica humillante”, incompatible con los derechos humanos de los reclusos. El coronel Garay fue separado de su cargo. Hoy las mafias de Lurigancho se frotan las manos y el penal vuelve a ser tierra de nadie. Una de las grandes tragedias del Perú es que quien intenta hacer bien las cosas es sancionado. Por el contrario, quien flota en medio de la mediocridad y la corrupción sobrevive y es recompensado (Con información del diario Expreso).