Financiamiento público de los partidos en el próximo presupuesto

El gobierno ha creado una comisión para proponer las normas que fortalezcan la gestión ambiental del gobierno en relación a las industrias extractivas, con la finalidad de defender a las poblaciones de los eventuales impactos de esas actividades. Es un paso adelante. El Estado tiene que construir su presencia y su autoridad porque la población no confía en su imparcialidad. Pero esa desconfianza es alimentada también por proyectos anti sistema o sencillamente por caciques locales que tienen apetitos políticos y aprovechan situaciones de incertidumbre para agitar miedos o expectativas desmedidas. Un caso extremo es el de Cajamarca, pero también se presentó en Espinar y en otros lugares.

Ya se ha dicho hasta el hartazgo que acá el problema es la ausencia de partidos políticos. Los radicales florecen cuando no hay partidos. Esos dirigentes pertenecen a Patria Roja o al Movadef o al etnocacerismo o no pertenecen a partido alguno. Por lo general actúan por su cuenta, atendiendo solo a su propio interés, sin tomar en cuenta el interés mayor pues no obedecen a colectivo alguno de carácter democrático y nacional. La gran mayor parte de los presidentes regionales y de los alcaldes no pertenecen tampoco a ningún partido nacional, y por lo tanto la coordinación política entre el Congreso o el gobierno nacional y los subnacionales, e incluso la mera transmisión de las demandas, están cercenadas o sin muy difíciles. En esas condiciones no solo prosperan los radicales, sino que es muy difícil presentarles batalla política. No hay quién lo haga. Ya lo hemos visto: en Cajamarca, por ejemplo, el gobierno no tiene operadores políticos; solo el APRA se ha manifestado en dos o tres comunicados pero su respuesta en las calles es escasa.

Ha llegado, entonces, la hora de aplicar el artículo 29 de la ley de partidos aprobada el 2003, que establece el financiamiento público directo de los partidos que están en el congreso. No se ha aplicado hasta ahora porque hay una disposición transitoria que deja en manos del MEF la decisión de hacerlo, y los partidos jamás han presionado inhibidos por el rabo de paja de su desprestigio. Pero si queremos una democracia gobernable tenemos que empezar a vencer esos escrúpulos. Por lo demás, de acuerdo a la fórmula que establece ese artículo, el monto anual que se distribuiría entre dichos partidos no pasa de nueve millones de soles según Fernando Tuesta, una cantidad insignificante para el presupuesto nacional y muy pequeña para los propios partidos considerando que hay 14 en el Congreso. Pero sin duda ayudará a que los partidos con mas aporte empiecen a tener gente y actividades en los lugares complicados.

Es hora de levantar el veto e incluir en el presupuesto del próximo año esa cantidad. En sudamérica, para no ir más lejos, todos los países, salvo Venezuela y Bolivia, poseen financiamiento público de los partidos.

Y, para el mediano plazo, es indispensable ir a la elección de los congresistas en distritos uni o bi personales, para que la gente se sienta representada por alguien a quien puede acceder. Esto es indispensable para que la democracia sirva para canalizar y procesar los conflictos y no solo para generarlos.