Descrédito asegurado por dispendiosos

Alto ha sido el costo para ciudadanos y empresarios locales para tener un país que genere interés en inversores y financistas internacionales. Ha sido una tarea de años y andamos aún a la mitad del camino. Para las clasificadoras de riesgo, estamos escalones por debajo de Chile, México y Brasil y uno más arriba que Colombia. Lo importante es seguir escalando; lamentablemente no se está actuando en concordancia con ese objetivo. Una muy mala señal que nos perjudicará prontamente será el aporte estatal dispendioso en megaproyectos de rentabilidad económica inexistente y social discutible, como es el caso del gasoducto sur y la modernización de la refinería de Talara, que involucran a Petroperú.

Antes que nada quiero aclarar que la necesidad que la macrorregión sur cuente con gas natural y de tener una refinería modernizada es indiscutible, el tema de fondo es que hay que cumplir el fin de manera eficiente para el estado y no solo pensando en el beneficio de los contratistas, que es la actitud tomada por el gobierno.

Llama la atención que se acepte sin discusión alguna, los montos de los proyectos: 1,200 millones de dólares para construir ductos de hidrocarburos entre Malvinas y Quillabamba, en un tramo de tan solo 124 Km. De la misma manera en el caso de la Refinería Talara, se habla entre dientes sin afirmación enfática, de 2,000 millones de dólares, monto que debería incluir los servicios periféricos. Con esas cifras, indiscutiblemente no se tendrán las tasas de rentabilidad que el estado exige para los proyectos con fondos públicos. Esto se pretende soslayar con un supuesto beneficio social y de efecto multiplicador en la economía en la etapa de construcción.

Se falta a la seriedad cuando se pretende justificar los despropósitos inversores argumentando el impacto en la economía, mostrando una contribución positiva en el PBI. La evaluación no solo debe hacerse en la etapa constructiva sino en todo el horizonte del proyecto, incluyendo el efecto en la caja fiscal, en el nivel de endeudamiento estatal y en el beneficio ciudadano. Si la Corporación Andina de Fomento y la Corporación Financiera de Desarrollo, se quieren hacer de la vista gorda y pontificarlos, su responsabilidad será merituada en cortísimo plazo.