La ley Santos

Si el proyecto que la Comisión de Descentralización acaba de evacuar por unanimidad, bajo iniciativa del Fujimorista Pedro Spadaro, es ratificado por el Congreso, los presidentes y miembros de los gobiernos regionales pasarán a convertirse en las únicas autoridades prohibidas de identificarse con las demandas y movilizaciones de la población que los eligió, so pena de destitución.

No existe esta prevención para los otros niveles del Estado, lo que comporta una extraña discriminación que viene de una sola experiencia, la del presidente cajamarquino Gregorio Santos, al que se culpa del interminable conflicto de Conga.

El proyecto pretende que los presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales sean vacados automáticamente si se comprueba su responsabilidad directa o indirecta en actos de violencia dentro de protestas sociales.

El punto es que si hubiera “responsabilidad directa” en un ilícito, es decir participación activa y personal en actos de destrucción de propiedad pública o privada, secuestro de personas, bloqueo de carreteras, etc., la autoridad que fuera, sería reprimida y llevada ante el juez, que si lo encuentra culpable lo enviaría a prisión y le haría perder el cargo. Para eso no requeriría ninguna ley nueva.

El problema viene con eso de la “responsabilidad indirecta”, que puede interpretarse como todo lo que ocurre en el curso de un conflicto, donde la autoridad regional ha tomado partido por los que realizan la protesta.

El caso de Espinar es notable, porque allí al alcalde Mollehuanca lo culparon de los hechos violentos que se produjeron después de la muerte de dos campesinos por disparos de la Policía hechos a distancia, por la razón de haber encabezado el reclamo de su pueblo.

La intención en ese caso no fue probarle al alcalde alguna responsabilidad en organizar o dirigir la violencia, que visiblemente fue espontánea y derivada de un instante crítico, sino culparlo en general de lo que hiciesen los manifestantes.

Esto es en realidad lo que ahora se quiere hacer con Santos, pero dándole sentido de proceso sumario a ejecutar por las autoridades electorales, antes de que se diluciden las responsabilidades penales ante la Justicia, haciendo de la presidencia regional una autoridad disminuida y coaccionada para expresar su punto de vista.

La ley Santos, es como el decreto que cambió el carácter de la prisión al interior de la Base Naval nada más que para mover a Antauro Humala; o la resolución administrativa del Poder Judicial firmada por César San Martín para enviar al alcalde de Espinar a Ica.

Hay un concepto de legalidad aplicada a situaciones concretas y que apunta a sancionar a personas específicas que ya se sabe quienes son al momento de dictar la norma. Que a Santos lo quieren desaparecer de la tierra, no queda ninguna duda.

De ahí la unanimidad de la Comisión de Descentralización y la avalancha de proyectos para restringir a las regiones de parte de un núcleo parlamentario que se supone que estaba para reforzar la autonomía y el poder descentralista.

Que Santos ha metido la pata varias veces durante el largo episodio de Conga, no cabe ninguna duda. Pero que el presidente, los ministros y gran parte del Parlamento han personalizado el conflicto en él, está también totalmente claro. Son ellos los que han creado el liderazgo de Santos y ahora quieren coronarlo con una ley (Con información del diario La Primera).