Laguna Parón: ¿Hacia la gestión integrada de recursos hídricos?

El 29 de julio de 2008, un grupo de pobladores de la provincia de Huaylas, Áncash, tomó las instalaciones de la empresa norteamericana Duke Energy, en la laguna Parón, la más grande de la Cordillera Blanca. Tres años después, la comunidad campesina Cruz de Mayo mantiene el control delsitio, exigiendo participación en la gestión de la laguna, que para ella representa la vida misma. Mientras tanto, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, la empresa Duke conserva la licencia para descargar agua de esta laguna, con fines energéticos. Este caso, emblemático, representa un gran desafío para la Autoridad Nacional del Agua en su esfuerzo por promover la gestión integrada de recursos hídricos, fundamento de la nueva Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en marzo de 2009.

El conflicto de Parón está relacionado tanto con el manejo de riesgos glaciares en la Cordillera Blanca como con la creciente demanda para energía. En los años cincuenta, después de tres aluviones catastróficos en Áncash, la población local presionó al gobierno a desaguar Parón. Finalmente, en 1985 desaguaron la laguna en forma parcial, a través de un túnel de 1.2 km, excavado en roca de granito. En 1992, la empresa estatal Electroperú instaló una compuerta en el túnel, que permitiría rellenar la laguna y controlar su descarga, embalsando agua en la época de lluvia para aumentar el caudal del río Santa y, con ello, incrementar la producción energética en el Cañón del Pato durante los meses de estiaje.

La primera licencia para el uso del agua de Parón fue otorgada en 1994 a Electroperú, y sus detalles sugieren que las ganancias proyectadas para la planta hidroeléctrica han eclipsado por completo las consideraciones de la sociedad y la ecología local que dependen de la laguna. Por un lado, la licencia dio derecho de descargar hasta 8m3/s desde la laguna, a pesar de que los ingenieros que hicieron la obra sugirieron un caudal promedio de operación de 2.5 m3 y un caudal máximo de operación de 4 m3, para evitar la erosión de las riberas del río abajo. Por otro lado, la licencia dio derecho a 35 millones de m3 de agua anualmente, sin preocuparse por los años de sequía, ni —en el futuro— de menor aporte glaciar, cuando la laguna no tendría tanta agua para descargar.

En 1996, la planta hidroeléctrica Cañón del Pato y las aguas de la laguna Parón fueron privatizadas, pasando, primero, a un consorcio transnacional y, luego, a Duke Energy. En 2001, después de algunos años de sequía, los reclamos de la población contra Duke empezaron formalmente y continuaron hasta 2008, con varios sectores de la sociedad civil, e incluso algunas entidades estatales, criticando que la empresa estaba descargando agua de manera irresponsable, impactando el ecosistema de la misma laguna y de río abajo, así como la infraestructura de riego y de agua potable de Caraz. En 2006, estas quejas, finalmente, surtieron efecto, cuando el administrador técnico del distrito de riego de Huaraz redujo la licencia de descarga desde 8 m3 hasta 5.5 m3. Luego, en 2007, la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa suspendió en forma provisional la licencia de Duke, reduciendo el caudal de descarga autorizada a 2.63 m3. No obstante, Duke recibió un amparo contra esta suspensión, por el XV Juzgado Especializado Civil de Lima, y en julio de 2008, cuando la empresa empezó a descargar caudales superiores de 2.63 m3, la población local tomó las instalaciones para establecer la descarga en un «caudal ecológico» de 1 m3.

Con la toma de las instalaciones de Duke, el Estado tuvo que involucrarse directamente en el conflicto a través de la Intendencia de Recursos Hídricos de Inrena y, luego, la nueva Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero, en más de tres años, estas entidades estatales no han podido solucionar el problema. Sin embargo, es difícil juzgar si ello se debe a incapacidad o falta de voluntad, ya que en momentos claves el Estado ha priorizado y avanzado el proceso de resolución. Por ejemplo, en enero de 2010, con la laguna con más de 10 metros encima de su nivel de seguridad, ocurrió un sismo de 5.7 grados, con el epicentro muy cerca de la laguna. Ante la amenaza de un desborde, el Estado declaró el estado de emergencia y la ANA creó un comité de operación multisectorial para gestionar la laguna y mitigar el riesgo6. Esto fue un paso importante en el rumbo hacia la gestión integrada, y un avance deseado por la mayoría de los actores involucrados. Sin embargo, a pesar de que este comité gestionaba con éxito la laguna durante las épocas de lluvia de 2010 y 2011, la ANA, de manera unilateral, decidió disolverlo.

Para ser justos, es probable que la decisión de disolver el comité de operación haya sido empujada por la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en mayo de 2011, que declaró nula la suspensión de la licencia de Duke y ordenó a la ANA restituir las instalaciones de la empresa en forma inmediata. La sentencia también criticó fuertemente a la ANA, sugiriendo que actividades como la formación de un comité de gestión multisectorial generarían un despojo indirecto de los derechos de Duke, tratándose de competencias legales, sin considerar los antecedentes del conflicto ni el contexto social y ecológico del caso. El fallo del Tribunal Constitucional debilitó la credibilidad de la ANA y contradice el espíritu de la nueva Ley de Recursos Hídricos, cuyo mandato es la gestión integrada de estos. La situación destaca el carácter inconexo de la gobernanza hídrica en el Perú, así como la urgencia de crear un Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas que tenga la visión y la capacidad técnica de fomentar un equilibrio entre las necesidades de los diversos usuarios y la sostenibilidad del medio ambiente en la gestión del agua.

Lógicamente, la gestión integrada del agua no puede ser promovida sólo por el Estado; más bien, se basa en la inclusión social y requiere que todos los actores involucrados cedan un poco en sus reclamaciones sobre el agua, para que puedan compartir este recurso vital. La transición a esta gestión más democrática y flexible no pasará sin conflictos y requiere que la ANA asuma un rol de liderazgo en el cultivo de condiciones de representación equitativa y entendimiento técnico y social compartido, que permita que todos trabajen juntos hacia soluciones viables.

El conflicto de la laguna Parón muestra en forma clara que la ANA todavía no ha logrado el protagonismo necesario para guiar la gestión integrada del agua, pero también ilustra que la sociedad está dispuesta a exigirle que cumpla con este mandato.

Hacia finales de 2011, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley que busca declarar en emergencia la laguna Parón y prohibir el uso de sus aguas para fines hidroeléctricos, «hasta que las autoridades involucradas en el tema, el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional de Aguas, garanticen el uso adecuado y acorde a las normas que regulan el uso de las aguas». Aprobar este proyecto constituiría un paso importante, pero sería mejor trabajar en la formación de una institución multisectorial y participativa que refleje la verdadera gestión integrada y marque un precedente para casos similares.

Notas

1 En 2011, la comunidad campesina Cruz de Mayo ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos, debido a su defensa de la laguna Parón.
2 Expediente 00834-2010-AA.
3 Ley 29338.
4 La Revista Agraria 135, noviembre de 2011, pp. 10-11.
5 Los reclamos contra Duke vinieron desde la Municipalidad de Huaylas, la Comisión de Regantes Parón-Llullán, la E.P.S. Chavín, el Parque Nacional Huascarán y el Osinergmin
6 Resolución Jefatural 97-2010-ANA; Resolución Jefatural 150-2010-ANA.