El tribunal que ve el juicio promovido por Aprodeh contra la operación Chavín de Huántar deberá fallar dentro de poco desestimando la acusación de esa ONG, pues ha quedado demostrado en el proceso que no hubo asesinatos.
No tiene otra opción porque durante el juicio se han quebrado las tres vigas que sostenían la acusación: 1. La versión del japonés Hidetaka Ogura; 2. La versión de dos policías que dicen que detuvieron vivo a un terrorista; y 3. El informe de la ONG Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
1.- Ogura dice que vio vivos a tres terroristas, pero su versión es negada por los otros 70 ex rehenes y los 140 comandos que ejecutaron la operación. Es la palabra de un hombre ideologizado contra la de otros 210 testigos.
2.- Los dos policías se contradicen: Al describir al terrorista que dicen que detuvieron, uno afirma que era bajo y delgado, y el otro que era alto y robusto; luego, uno dice que lo reportaron por radio, y el otro dice que no tenían radio.
3.- El EPAF sostiene que el terrorista “Tito” fue muerto de un tiro a quemarropa en la nuca; sin embargo, dos forenses europeos, el español Manuel Cartagena y el británico Derrick Punder, refutan esa versión en dos informes que concluyen que no hubo asesinato, y que el reporte del EPAF es tendencioso.
La ONG dice “Respecto al Tatuaje” (huella del tiro a quemarropa), que éste probablemente quedó en las partes blandas de la región que cuenta con paquetes musculares de mayor resistencia”, y que por eso no está a nivel óseo.
Cartagena lo refuta citando un Tratado de Balística que dice: “Si en mi informe digo ‘es probable’ que en el arma ‘xx’ sea la autora del disparo que mató a la víctima, es sinónimo de decir ‘es probable’ que el arma ‘xx’ ‘no sea la autora del disparo que mató la víctima’ ambos pueden ser la verdad…”
“En conclusión, este pronunciamiento (del EPAF) no debería de ser tomado en cuenta por cuanto confunde la certeza con que deben ser tratados los hechos investigados”, precisa el experto español.
Cartagena revela además que José Pablo Baraybar carece del rigor científico con que debe actuar un perito, que según el experto “tiene que aportar conclusiones concretas y demostrables, de lo contrario pasa a ser un estorbo para quienes tienen el deber de resolver con justicia”. O sea, hay Peritos y “peritos”.
Queda claro que Baraybar ha forzado la conclusión de que hubo asesinatos a partir de una conjetura. ¿Por qué? Todo indica que lo hizo impulsado por los prejuicios políticos que tienen las ONG de izquierda contra los que luchan contra el terrorismo (ver http://epafperu.org/pronunciamiento-frente-a-los-sucesos-del-vrae-y-cajamarca/)
Lo extraño es que el Fiscal de la Nación, José Peláez, defiende el informe del EPAF, y además ha facultado a Baraybar para que sea “perito” del Ministerio Público en los juicios promovidos por las ONG izquierdistas contra policías y militares. El fiscal Peláez le debe una explicación.
Publicado el 29 de junio de 2012 en el diario La Razón.