El dilema de la población cajamarquina

El Estado debe cumplir un papel decisivo para la solución de los conflictos socioambientales, abarcando los derechos e intereses de todos. Las diferentes empresas mineras tienen una gran responsabilidad frente a estos conflictos, cada vez más frecuentes debido a la desconfianza que ellas mismas han generado en base a actos que podrían ser calificados hasta de inhumanos. Es cierto que muchas de ellas han cambiado, sea por convicción o porque una población mucho más consciente de sus derechos las obligaron. Pero aun así, hay casos en los que parecen no haber aprendido nada y siguen actuando con prepotencia y sin reconocer que la otra parte también tiene derechos.

Es increíble que un proyecto de la magnitud y características de Conga se haya tratado de imponer como un hecho consumado. Es muy difícil creer que Newmont y Yanacocha puedan haber creído que la población con la que se enfrentan desde hace años no se opondría a muerte a dicha explotación. ¿Por qué lo habrán hecho, cuando era evidente que se requería de todo un proceso previo muy cuidadoso y creativo?

La defensa de las empresas ha sido que estas cumplieron con la ley al haber conseguido que se les aprobara el Estudio de Impacto Ambiental. Luego deberían haber podido ejecutar el proyecto, protegidas por el gobierno, a cargo de hacer respetar el estado de derecho. Si esto último se podría lograr o no, o qué implicaba, ya no era su problema. Los hechos les demostraron cuán equivocadas estaban.

Ahora, lo anterior puede estar provocando que no miremos a otra de las partes igualmente decisiva en este conflicto: la población que protesta. Y no se trata de los intentos irresponsables por satanizarla, sino de algo en verdad serio. El gran desafío para ella es que así como aprendió y se ganó el derecho a decir que no frente a determinados proyectos, ahora tiene que aprender y convertir en un derecho la posibilidad de decir que sí.

Es parte de la modernidad (y no de posiciones trasnochadas, como se quiere hacer creer en nuestro medio) que haya situaciones en las que nunca debe haber industrias extractivas. Ya hay declaraciones y normas internacionales que le dan un derecho de veto a la población cuando su supervivencia física o cultural está en riesgo, cuando tiene que ser desplazada o cuando hay megaproyectos que ponen en grave peligro su entorno.

Pero salvo este tipo de circunstancias, la decisión de si debe prosperar un proyecto extractivo deberá depender de dos tipos de consideraciones. La primera, si es que se respetan determinadas condiciones que en los últimos meses se han repetido hasta la saciedad: estándares ambientales, respeto a la diversidad cultural, derecho a la partición de los beneficios, consulta, entre otros. La segunda consiste en hacer un cálculo de qué se ganará y qué se perderá en una y otra hipótesis.

Es por ello que sería una actitud no solo equivocada sino sumamente reprobable que la población de Cajamarca vaya siendo ganada por los sectores que plantean la inviabilidad de Conga pase lo que pase. Para un no rotundo tendría que haber un sustento técnico muy claro y consistente que fuera mucho más allá de las malas relaciones con la empresa.

Como no hay manera de imponer el proyecto en base a una mano militar de tiempo indefinido, o para oponerse a él en base a un paro eterno, lo que le conviene a todos es reiniciar el diálogo. Tal vez de una manera menos expuesta a los medios de comunicación, como ha sugerido Beatriz Merino en Ideeleradio, con técnicos de alta calidad e imparciales y mediadores hábiles. Pero lo más importante sería el compromiso de las partes a respetar lo que de este espacio salga. Sería absurdo y muy mal visto que la población de Cajamarca exigiera conversar, como lo está pidiendo, para limitarse a decir no y punto (Con información de Diario 16).