Vicios del presidencialismo

La destitución exprés del presidente paraguayo debería llevar a los países latinoamericanos a buscar alternativas viables para sus regímenes presidencialistas. Con Lugo son más de diez los presidentes removidos de sus cargos en los últimos veinte años. En 1992, con la acusación al brasileño Collor de Mello, se inauguró la modalidad de destituirlos sin romper el orden establecido, o aparentemente sin romperlo pero siempre sin intervención militar directa. Fuera de tres excepciones que fueron golpes clásicos (Perú en 1992, Ecuador en 2000 y Honduras en 2009), los demás se vistieron de ropaje constitucional y, por ello, nunca se pudo llegar a conclusiones definitivas acerca de su carácter. Si fueron golpes o sucesiones presidenciales es algo que sigue y seguirá siendo tema de un debate que, valga decirlo de paso, es una discusión que no se la hace en torno a principios sino a posiciones políticas y a cercanías o a distancias ideológicas.

Más allá de la calificación que se les asigne, es innegable que estos hechos son sustancialmente diferentes a los golpes de Estado que marcaron la tormentosa historia latinoamericana de casi todo el siglo XX. No se los puede equiparar con ellos, no solamente porque está ausente el componente militar, sino también porque hay una manifiesta preocupación por mantener las formas democráticas e institucionales. Pero, a la vez, esta misma característica hace posible que se estiren los procedimientos constitucionales y legales hasta un punto en que dejan de ser reconocibles y pasan a esa zona indefinida en la que no se sabe si se trata de golpe o de sucesión. Un factor importante en esto es la laxitud en las normas y procedimientos establecidos para los juicios políticos a los presidentes. Un ejemplo de ello se encuentra en el propio caso paraguayo, que autoriza juzgar al presidente en los mismos términos que a un ministro. Otro ejemplo es la novelería (palabras del Corcho) de la muerte cruzada en el caso ecuatoriano.

El problema fundamental es que se ha echado mano de esos recursos cuando se ha producido un cambio en la correlación de fuerzas, ya sea en el órgano legislativo o bien en la calle. Y ahí es cuando se demuestran los vacíos y los vicios del presidencialismo. Si aquello ocurre en un régimen parlamentario, el problema se zanja con el retiro de la confianza hacia el jefe de gobierno, con la convocatoria a elecciones anticipadas o con la conformación de una nueva coalición de mayoría. Todo ello está previsto y su aplicación no resulta traumática ni da lugar a que alguien hable de golpe de Estado. Por el contrario, el régimen presidencial es rígido e inflexible frente a los cambios y no cuenta –no puede contar– con los procedimientos adecuados para sortear esas crisis.

No estaría de más pensar seriamente en una reingeniería institucional profunda que tendiera a eliminar los vicios del presidencialismo. Quizás algunas formas intermedias, de semipresidencialismo o semiparlamentarismo podrían enfrentar de mejor manera las crisis y evitar la discrecionalidad o relatividad al momento de llamarles golpes o sucesiones. (Fuente: El Universo de Ecuador)