Juicio político en Paraguay

He visto con profunda simpatía que un obispo católico, aunque reducido al estado laical, fuera presidente de Paraguay. A lo largo de la historia latinoamericana, singularmente, en la independencia, hubo mucho fraile o sacerdote comprometido en la lucha que luego ingresaron frenéticamente en la política, como Luna Pizarro o González Vigil. Solo me desilusiona del caso de Lugo su tendencia libidinosa, pero, en cambio, me solidarizo con él ante la conjura reaccionaria que lo ha depuesto sumariamente, en virtud de un impeachment o juicio político.

¿Los hechos? Una extensión de tierra en la zona rural de Curuguaty a doscientos cincuenta kilómetros al noreste de Asunción, en la zona fronteriza con Brasil, fue invadida y habitada por campesinos. El predio le pertenecía a un exsenador derechista del Partido Colorado, Blas Riquelme, debido a orden judicial, un operativo policial realizó el desalojo. Seis policías y once campesinos murieron en el enfrentamiento.

La Cámara de Diputados se pronunció a favor de enjuiciarlo políticamente, por la malísima reacción de su gobierno al mortal enfrentamiento ocurrido, no haber ejercido el poder a través del diálogo y más bien haberlo desempeñado de una manera impropia, trayendo el caos, la inestabilidad política en toda la República y generando innecesarias muertes.

Lugo ordenó crear una Comisión Especial Investigadora, inclusive con la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que obtuviera información sobre los sucesos ocurridos; confirmó, en un primer momento, en el cargo al ministro del Interior y como este hecho terminó de desatar la ira de propios y extraños a su partido, se vio obligado a deponerlo y nombrar a uno vinculado al partido opositor; decidió no presentar su renuncia y someterse al juicio por considerar que no existía ninguna causa valedera ni jurídica, ni política para su salida. Se equivocó. Por 39 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones fue destituido sumarísimamente del cargo por el Senado incriminado de mal desempeño de sus funciones. Alcanzaron los dos tercios exigidos por su Constitución. Quedóse en su lugar el vicepresidente Federico Franco, un ultraderechista.

Recordar que el único medio para exigir la responsabilidad de un gobernante es el juicio político, conocido también como antejuicio. Su fin es quitarle el poder a quien hace mal uso de él. Su naturaleza no es penal ni administrativa. Es esencialmente política. La única sanción es la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto sin perjuicio de la acción ante los tribunales ordinarios en caso que el hecho también se configure como delito y esté previsto y sancionado en la ley. ¿Fue necesario el juicio político a Lugo? No. Fue desmedido, desproporcionado, ilegal.

Como epílogo, señalo un prólogo: lo que decía en su preámbulo la Constitución guaraní de 1940 “la nación paraguaya al amparo del Dios Todopoderoso, Supremo Legislador del Universo (…) o lo dicho, en igual sitio, por la actual de 1992, “invocando a Dios (…)” para desearle reconstruir su democracia.

Publicado el 03 de julio de 2012 en el diario La Razón.