¿Avalará el Estado cuantiosa inversión en Refinería Talara?

La junta de accionistas de Petroperú debe pronunciarse

¿Avalará el Estado cuantiosa inversión en Refinería Talara?

Los meses avanzan, las expectativas existentes en la población de Talara sobre los beneficios que les llegarían por la Modernización de la Refinería de propiedad de Petroperú, va “in crescendo”, alentadas por un presidente de la institución que lo da por hecho consumado, cuando la incertidumbre es altísima por el elevado costo. Caldo de cultivo, para un problema más para el Presidente Humala en la región Piura, que no han sido pocos durante su gestión.  

El agravante es mayúsculo aún, cuando su primera vicepresidenta y congresista de su bancada, Marisol Espinoza, es representante de la zona. Ya bastante ha tenido, muerto incluido, en los enfrentamientos con los pobladores en Sechura, por el tendido de un ducto gasífero de la colombiana Savia; con los pescadores de Paita, con el saldo de dos muertos, por discrepancias en la pesca de merluza y los delfines muertos en Sechura, justificados insatisfactoriamente. En este caso se iría a mayores con las expectativas de trabajo creadas, se habla de hasta 8,800 puestos de trabajo directos y en servicios se ha afirmado que se contratarán hasta 7,300 buses; información oficial de las presentaciones elaboradas y difundidas por la actual administración de la petrolera estatal.

Todo parte de la premisa que indefectiblemente se ejecutará el proyecto, que aún no tiene un monto definido de costo de construcción, pero que ya se dice que serían unos 2,300 millones de dólares, de los cuales, en inversión directa significarían 1,700 millones y 600 millones de dólares corresponderían a servicios periféricos, a cargo de terceros.

Si la inversión directa es del orden que se indica (1,700 millones de dólares), en primer lugar tendría que demostrarse que se cumple con la tasa de retorno que exige el Estado para sus inversiones, no menos de 12%, según los cálculos que disponemos no se cumplirá con el requisito. En segundo lugar está la premisa, que la cifra de financiamiento que podría obtener la estatal directamente podría llegar difícilmente a 1,000 millones de dólares, pero con garantía soberana, que sería contabilizada como deuda externa, equivalente a 0.6% del PBI, que va en contracorriente del compromiso gubernamental en disminuir el ratio deuda/PBI en cerca de dos puntos en los próximos dos años. Pero no solo eso, los 700 millones faltantes tendrían que ser aportados por una mixtura de recursos: fondos de la empresa, bolsa de valores y el fisco.

Una visión realista sobre el fondeo para la construcción, se basa, en los usos y costumbres del sistema financiero, que utiliza el ratio que se llama deuda/EBITDA para facilitar recursos; pensar que se puede llegar a un ratio de 3.0, que significan cerca de 1,000 millones de dólares de préstamo, es sumamente optimista, salvo que la garantía soberana sea otorgada por el Ministerio de Economía

En una situación de esta naturaleza, en el que se combinan expectativas de naturaleza social con cifras de negocios que no se compatibilizan con la realización de un proyecto, la única forma de tomar un rumbo correcto es que la Junta General de Accionistas de Petroperú, que la preside el Ministro de Energía y Minas. Jorge Merino, con la participación del Ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, se pronuncien.

La necesidad que la dupla Merino-Castilla, bien sintonizada en otros temas, tome posición es una necesidad, pues ambos van a aparecer como responsables políticos de ejecutar o no el proyecto, que al final se cargará sobre las espaldas de Ollanta Humala. Las preguntas para ellos y que el Congreso debe conocerla, para evitar estar a posteriori en una confrontación entre ejecutivo y legislativo, es: ¿hasta por qué monto consideran apropiados desde el punto de vista Estado para que el proyecto se ejecute? Y ¿hasta por qué monto se otorgaría garantía soberana?

Interrogante inevitable es ¿qué ocurriría si el ejecutivo no apoya a Petroperú en las condiciones actuales? Firmemente creo en la necesidad del proyecto y son varias las administraciones de Petroperú en los últimos diez años que trabajamos para que fuese una realidad. Si hoy soy crítico, no es porque haya cambiado de parecer sino porque se están dando todos los argumentos para una negativa gubernamental. Hay que replantear alcances y montos, porque de lo contrario estaremos en la antesala de una gran frustración, cuyo costo político lo va pagar este gobierno.