Miércoles 01 de mayo 2024 | Contáctenos
Todos tenemos derecho a opinar, a sindicalizarnos, a la huelga y protestar en contra de los abusos de un gobierno opresor. Esto no ocurre en el país, ya que algunos se arrogan la representatividad de la población, actuando como si el país fuera de su propiedad; esta situación no la podemos permitir, no es justo que unos cuantos radicales detengan el desarrollo, provoquen inseguridad y tengan el descaro de amenazar la paralización de las obras que beneficiarán a todo un pueblo, generando desarrollo y progreso.
Los recursos naturales pertenecen al Estado, por ende es de todos los peruanos; no de una población, provincia o región; es de todos y el Estado es el que administra y autoriza la explotación.
La actividad minera no debe afectar ni causar daño al medio ambiente ni a las personas que habitan en el área de explotación; las personas deberían ser los principales beneficiarios del producto extraído; por ello se ha establecido el canon minero. El problema radica en cómo se administran estos fondos, cuál es el destino que se les da y si son bien utilizados o están siendo malversados.
Los responsables son los presidentes regionales y alcaldes, quienes lo administran; una región como Cajamarca, en vez de tener un presidente promotor de protestas, debería tener un administrador con la capacidad de usar los fondos en beneficio de comunidad.
Ni el presidente regional ni los dirigentes brindan propuestas de solución; sabemos que la actividad minera es nefasta para ellos, entonces qué actividad desarrollarán para generar ingresos que permitan el bienestar y el desarrollo. En el hipotético caso que se suspenda la ejecución del proyecto Conga, ¿se prohibirá e impedirá la actividad minera en la región?, ¿los mineros informales no invadirán estas zonas? Es muy probable que se dé inicio a una actividad ilegal peor aún de la que ya existe.
Publicado el 04 de julio de 2012 en el diario La Razón.
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