Martes 07 de mayo 2024 | Contáctenos
La asonada provocada por la extrema izquierda en Celendín, con el pretexto de Conga, nos ha dejado en claro que un sector de aquella ha pasado de la protesta a la subversión y que el estado debe enfrentar este nuevo escenario.
El ataque selectivo a instituciones públicas en Celendín y en Bambamarca confirma que la violencia en Cajamarca está siendo planeada y no es espontánea.
Es un hecho entonces que la izquierda tiene dos agendas políticas en el conflicto por Conga: una electoral y otra subversiva y golpista.
La primera se encarna en Gregorio Santos y en Marco Arana, que compiten por ser el candidato de la izquierda radical en los comicios del 2016.
Y la segunda está encarnada en el ex convicto por terrorismo Wilfredo Saavedra (MRTA); y también por miembros de Sendero Luminoso que se mueven en las sombras. SL tuvo una fuerte presencia en Cajamarca en los años 80’.
La estrategia subversiva consiste en crear y atizar conflictos para derrocar a Ollanta Humala mediante lo que Francisco Tudela llama un “golpe de masas”, tal como fueron derrocados a Jamil Mahuad en Ecuador y Carlos Mesa en Bolivia.
En cualquier caso, los dos grupos extremistas tienen un objetivo estratégico común, que es llegar al poder para acabar con la democracia. Y comparten la misma táctica, que consiste utilizar los conflictos lograr sus propósitos.
En el otro lado del escenario tenemos a un estado incapaz de frenar a los extremistas debido a su debilidad institucional y a la ausencia de líderes que defiendan con firmeza la democracia.
El Gobierno hace lo que puede, pero los otros poderes del estado se ponen de perfil ante la agresión: Por enésima vez, el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, ha dicho que los instigadores de la violencia ya fueron denunciados, pero los fiscales y los jueces no actúan.
La fiscalía de Chiclayo, por ejemplo, ha abierto una investigación a los líderes anti mineros solo bajo comparecencia, cuando hace meses debió denunciarlos. ¿Cuántos peruanos más deben morir para que lo haga?
Santos, Arana y Saavedra se niegan a dialogar con el gobierno porque se saben protegidos por un manto de impunidad. Me pregunto si acaso estando tras las rejas seguirían manteniendo la misma soberbia.
Y mientras nuestra democracia es socavada, en el exterior se multiplican las denuncias de las ONG de izquierda, acusando al Perú de ser violador de derechos humanos y al presidente Humala de ser un “genocida”, ante el silencio complaciente de la Cancillería disfrazado de “prudencia”.
El Perú no puede seguir viviendo de asonada en asonada, en la zozobra constante que ahuyenta la inversión, y viendo su imagen mancillada en el exterior.
La violencia extremista se ha convertido en una amenaza para la seguridad de la nación y debe ser afrontada como tal. El gobierno y el Congreso deben asumir este desafío sin más demora.
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