Las AFP: ¿y los verdaderos dueños qué?

La modificación de la ley de las AFP la debaten el Ejecutivo, el Congreso, las AFP y el regulador. Como siempre, se deja de lado al aportante quien es el primero que debiera conocer cómo cambiará el sistema ya que es el dueño de los recursos. Las AFP, establecidas 20 años atrás, reciben parte del salario del aportante para guardarlo, administrarlo, hacerlo crecer y devolverlo al momento de la jubilación. La idea es que cada quien ahorre para su propia jubilación pues el Estado (todos los peruanos) ya cubrió gran parte del sistema público de pensiones, sistema que no asegura, necesariamente, una pensión; pues administrado por el Estado ha dejado de pagar pensiones a muchos y, cuando paga, el monto (fijado por ley) suele ser inferior al aporte realizado por el trabajador durante su vida laboral. La historia del pensionista peruano es desastrosa. Como todo país pobre y complicado, el sistema público de pensiones fue la caja utilizada por sucesivos gobiernos para cualquier cosa. No solo eso, muchos empleadores ni siquiera depositaron las pensiones de sus trabajadores, de lo cual se enteraban estos al jubilarse.

Quienes aportamos a las AFP debemos recibir al jubilarnos lo que hemos aportado más el incremento logrado por nuestra AFP, que habrá invertido nuestro dinero, asegurándose de que las inversiones hayan sido seguras y rentables. La AFP cobra una comisión para cubrir sus costos de operación y garantizarnos que cuenta con la mejor plana profesional posible trabajando para nosotros. El Estado debe dar las normas que garanticen seguridad y rentabilidad de los recursos.

La comisión que cobran las AFP es importante pero no medular y el debate congresal parece estancado en ella. Es mucho más importante discutir cómo se aumenta la rentabilidad, cómo se protegen los fondos y cómo se fortalece el mercado de capitales que ha permitido financiar localmente importantes proyectos. Hoy se plantea que los bancos entren al negocio de las AFP para aumentar la competencia y reducir comisiones pero, la utilidad del accionista de la AFP depende de cuantos afiliados logre atraer, en cambio, la de un banco depende de los recursos que capte a bajo costo para prestarlo a uno mayor. Son negocios totalmente distintos por lo cual cualquiera que se dedique a captar fondos previsionales deberá cumplir con iguales requisitos.

Un tema olvidado es la opinión del aportante, arrogándose las distintas entidades públicas la representación de los mismos. Sería mejor que los propios afiliados se organizaran para conocer sus derechos y defenderlos, pero, sobre todo, proteger su dinero. Como es obvio, la protección del Ejecutivo, el Congreso o la SBS no son necesariamente idóneas.

Lo que está en juego, la jubilación de cientos de miles de personas que han entregado su dinero, bien lo amerita (Con información del diario Correo).