Los testigos de Humala

Hay quienes pensamos que ha llegado el momento de que los testigos del juramento de Humala le tomen cuentas al presidente.

Recordemos que poco antes del 5 junio del año pasado, fecha en la que ganaba Humala o Fujimori, un grupo de ciudadanos impulsó un juramento solemne en el que el entonces candidato se comprometió a respetar los elementos esenciales de la democracia. Se trató de un compromiso moral que firmó de cara a todo el país y con la presencia de un grupo amplio y plural de testigos.

Dichos testigos no pertenecían a Gana Perú, pero manifestaron públicamente que votarían por su líder a cambio de garantías como las que estaban contenidas en el juramento. A cambio, lejos de ofrecer incondicionalidad, los testigos prometieron independencia total a partir de la fecha referida. Este juramento ayudó a que Humala ganara.

Los cuestionamientos de fondo que un grupo de testigos (seguramente que no todos) le hacemos a Humala no son con respecto a su cambio; la proclama era, precisamente, para asegurarnos de eso, que haya cambiado, que ya no era el de cinco años atrás.

El punto no es tampoco si Conga va o no. Un proyecto minero puede ir o no. Lo que ya no se puede tolerar es la manera en que se están manejando los conflictos entre las industrias extractivas y la población, especialmente en Cajamarca. Un fenómeno del que –como acaba de recordar Julio Cotler– algunos peruanos no se han enterado que es mundial. Y la explicación es simple: hay de por medio mucha plata, recursos naturales escasos, condiciones de vida y culturas, historias y confrontación de derechos, sentimientos e intereses.

Había que hacer un gran esfuerzo para superar a Alan García en el maltrato a la población del interior del país. Sin embargo, Humala lo está logrando.

Y en la medida que este maltrato se agudiza, no solo se alejan las soluciones, sino que además los resentimientos se profundizan peligrosamente.

Si en el momento que escuchaba la proclama de Humala hubiese tratado de pensar en qué momento podría comenzar a creer que tal vez fueran solo palabras, podría haber imaginado un texto como el que acaba de publicar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú. Hasta parece que ya no se refiere a una democracia.

La llamada de atención es, en primer lugar, “por las muertes y la violencia ocurridas en el departamento de Cajamarca”, y le urge al Estado “garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que protestan contra el proyecto minero Conga”. Luego pide “adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”. Y precisa que lo hace para la debida protección de los manifestantes y para –qué vergüenza– la de los “integrantes de sus propias fuerzas de seguridad”.

El tercer punto también es grave: “Según la información recibida, defensoras y defensores de derechos humanos que se encontraban realizando labores de verificación en la zona habrían resultado agredidos durante la intervención de las fuerzas policiales”. Y concretamente se refiere al “uso abusivo de la fuerza” en la detención de Marco Arana.

Para recordar que se está atentando contra el derecho a la protesta, la CIDH usa una fórmula típica: “El Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

Y eso que podría haber agregado las siembras de pruebas, las golpizas para arrancar confesiones, las empresas, cárceles, la manipulación del sistema de justicia para detenciones arbitrarias o los operativos psicológicos tipo los de los 90. De nuevo: un proyecto puede ir o no, pero nunca así (Con información de Diario 16).