Ministros: ¡Alerta roja con expectativas de Talara!

Por el Proyecto de Modernización de Refinería

El ofrecimiento de realización de obras da aliento a la población, que espera con avidez un movimiento económico en el lugar. El sentimiento local es universal: aspirantes a ser contratados como mano de obra directa o indirecta, contratistas locales que quieren un subcontrato, prestadores de servicios, comerciantes y  en general una población  que cree que vendrán tiempos mejores, están ansiosos que el “go” se produzca. Esa es la situación que vive el pueblo de Talara hoy en día, a raíz de los anuncios sobre el inicio de los trabajos de Modernización de la Refinería Talara.
 
Seria inimaginable una negativa y desde el círculo gobernante  deben tomar conciencia de esta realidad, basado en plazos reales y viabilidad económica. Mi percepción es que el ofrecimiento está rebasando a las posibilidades.
 
Para empezar vale la pena revisar los plazos. En estos momentos se espera que a fines de Julio se culmine con la ingeniería, inmediatamente los precios de bienes y servicios propuestos por el contratista, deben ser validados o reformulados en trabajo conjunto de la supervisión de la obra y los funcionarios de Petroperú. Dada la complejidad del tema, por las múltiples partidas a analizar, la actualización de precios y las sofisticaciones técnicas, esta tarea usualmente se realiza en un plazo no menor de 6 meses. La experiencia sobre el particular  en el mundo, sobre  múltiples proyectos privados y públicos, confirma lo afirmado. En la era de la información global, los datos son públicos y no puede ser escamoteados, salvo que no se quiera verlos.
 
Una vez que se tenga definiciones de montos, corresponderá al Directorio de Petroperú y por la magnitud deberá tener confirmación de la Junta General de Accionistas, que deben validar la viabilidad del emprendimiento, es decir que se cumpla con la tasa interna de retorno que exige el estado para sus proyectos. Esto significara no menos de 2 meses adicionales. Es decir recién dentro de 8 meses, si todo marcha correctamente y sin tropiezos, el banco  estructurador de la deuda tendrá los datos suficientes para iniciar la búsqueda de financiamiento.
 
Podría haber a esa fecha, es decir Marzo del 2013, un desembolso de algún tipo de crédito puente, sobre el que vale la pena hacer un análisis. Si la obra, en inversión directa sin periféricos alcanzase la suma de 1,500 millones de dólares, la necesidad de pago a cuenta  de equipos sería del orden de 200 millones de dólares y la correspondiente a mano de obra y dirección técnica de 200 millones de dólares adicionales; es decir se necesitarán no menos de 400 millones de dólares en esta etapa.

Lo reseñado  significa comprometerse a una deuda o un “mix” financiamiento y capital propio por la suma, bajo la premisa que se conseguirá los fondos para todo el proyecto, cosa que recién podrá confirmarse 8 meses después de la fecha de inicio de obras, según los tiempos que toma una estructuración en el mercado nacional e internacional, que corresponderá a noviembre del 2013. Si se quiere tomar el riesgo, en Marzo 2013, de un uso de fondos más deuda como el señalado, podrían iniciarse los trabajos a esa fecha.

Los ministros de energía y economía, que forman parte de la junta de Petroperú y la presidencia de la república, deberían tener en cuenta que hasta fines del verano del próximo año,  no habrá un movimiento importante en Talara, salvo más discurso que la abundancia llegará pronto. No es nada fácil mantener esperando a los agentes económicos por ocho meses, más aún en un gobierno como éste en serias confrontaciones con los sectores sociales.
 
Si se quiere trabajar de esta manera, se corre el riesgo que si no se cierra el financiamiento, la obra se paraliza y el crédito puente habrá que pagarlo con una modernización inconclusa, con grave daño a las cuentas públicas. O en su defecto el fisco deberá aportar todo aquello que no se pueda conseguir en el mercado. Eso es lo que está en juego, se pondría a la caja fiscal en el riesgo de aportar recursos de manera conminatoria, para evitar que la calle se desborde por incumplimiento de una promesa. No sé si es estrategia, casualidad o desconocimiento de llevar al Ejecutivo a una posición de esta naturaleza. Por lo menos es una situación poco responsable.
 
Todo lo reseñado parte de la premisa que el costo directo sin los periféricos es del orden de 1,500 millones de dólares, si no es así no habrá viabilidad y salvo que el estado decida hacer la obra a título oneroso, ésta no se ejecutará. A estas alturas el monto de equipamiento y construcción es una incógnita aún sin respuesta o en todo caso se maneja bajo siete llaves en círculo cerrado. Todo lo contrario al espíritu que debe ser premisa en un emprendimiento como éste, que por tranquilidad de gestores, ejecutores e interesados, debe estar revestido de la máxima transparencia.
 
Es evidente que las promesas de hoy se están convirtiendo en ataduras de mañana y el gobierno en pleno tendrá que ser consciente de ello.