El Gobierno se dispara en el pie

Sorprende la pasividad y actitud cómplice exhibida por parte del Ministerio de Justicia frente a los deudores por corrupción en estos últimos años. Es increíble que a la fecha el Estado no haya conseguido cobrarse casi nada de los más de mil millones de soles que se le debe. Si no fuera por la iniciativa emprendida por el procurador anticorrupción Julio Arbizu, estos malos individuos fujimontesinistas hubieran seguido burlándose del Estado y pasando “piola” económicamente.

Ahora bien, usted querido lector se preguntará dónde se ha visto que un Estado tenga que “perseguir” a los sentenciados para que paguen su reparación civil. Lamentablemente nuestra normatividad procesal penal padece de un profundo vacío legal en lo referente al pago de las reparaciones civiles; no existe norma alguna que regule la(s) forma(s) y el plazo en que el condenado deba efectuar el pago, luego de conocida la sentencia.

Como consecuencia de ello, el sentenciado juega con la paciencia de la víctima (en este caso el Estado) y hace lo que le da la gana, inventándose cualquier pretexto para no pagar.

Por ello, urge establecer una “política y cultura” judicial al respecto, a fin de que el condenado sepa cumplir y acatar -pasado cierto tiempo- con reparar económicamente el daño cometido. Mientras persistan los vacíos legales en nuestro sistema procesal penal, nunca podremos aspirar a una justicia absoluta y justa a favor de la víctima.