La gravedad de la salud

Hace muy pocos días, el 5 de julio, cumplió ciento veintiún años de fundado el que debería ser el emblema de la salud pública nacional, el Hospital Vargas de Caracas. Para escribir estas líneas, pues no sabemos nada sobre el tema, hemos recurrido a varias fuentes de información y bebemos de las crónicas que nos parecen apegadas a la realidad.

El venerable recinto dedicado al doctor José María Vargas, uno de los ciudadanos más notables de la nación, que debería estar protegido y mantenido como una tacita de plata, ha sido agredido de manera grosera por este régimen que todo lo destruye. La construcción de todo aquel magnífico recinto tomó a fines del siglo XIX, de acuerdo con lo que leemos en El Universal, dos años para su construcción. Ahora tiene cinco años en obras de remodelación y reconstrucción y dicen que solo se ha avanzado algo así como la mitad. El hospital adolece de espacios necesarios, imprescindibles, para su funcionamiento y los actos médicos posibles se realizan con mucho menos recursos físicos que los necesarios.

El Hospital Vargas ha sido el hogar de una parte muy importante de la docencia de la medicina y los egresados de ese venerable sitio son de calidad idéntica y de capacidad plena tal como lo son quienes se gradúan en las instalaciones de la UCV.

Nos remitimos al reportaje que apareció en las páginas de El Universal el 5 de julio pasado para leer la pesadilla que sufren los médicos que allí entregan sus vidas y su sabiduría y el viacrucis que transitan los pacientes que se acercan en busca de remedios a su salud.

A comienzos de esta semana, el lunes último, escuchamos en el programa radial de César Miguel Rondón el foro que realizó con los doctores Rafael Orihuela, ministro de Sanidad y Asistencia Social en los años 1992 y 93 durante el segundo mandato de CAP y el tiempo interino de Ramón J. Velásquez; y Cristino García quien ocupa la Dirección Ejecutiva de la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas.

De las palabras de estos señores y las inteligentes preguntas de Rondón nos enteramos que la capacidad de tratamiento y hospitalización del sector público de los hospitales nacionales se ha reducido casi a la mitad de la que existía a comienzos de este arbitrario régimen. Los números son patéticos. Las "camas" que existían en los hospitales públicos, a fines de los años noventa eran unas treinticinco mil. Estas han descendido hasta las diecinueve mil que funcionan hoy. Entretanto, las clínicas privadas, con solo diez mil camas, atienden en la actualidad un 38% de todas las emergencias nacionales.

Existe desacuerdo en las conversaciones y disposiciones que giran alrededor de las obligaciones pecuniarias que debería cancelar el Estado por atenciones que hacen las clínicas privadas a los empleados públicos y escuchamos que las deudas de ese origen ascienden a cuatrocientos millones de bolívares actuales. Vergonzoso.

Una de las tragedias que se nos describió está en el hecho de que un potencial paciente, después de pasar varios meses en un absurdo peregrinaje para lograr que se le atienda en un hospital público y cuando logra "ingresar" al centro correspondiente, es "normal" que pernocte por períodos parecidos a un mes, antes de que se le realice el acto médico. Posiblemente, ese paciente podría ocupar una cama, si los procesos se realizaran de manera fluida, algo así como una semana o menos. La productividad de esa cama baja a números parecidos al veinte por ciento. Es decir, en esa misma cama se podría atender a cinco pacientes.

No nos refiramos a los miserables sueldos que perciben los seguidores de José Gregorio Hernández. Conocemos el caso específico de un galeno que trabaja en el Hospital Vargas al que le dedica más de medio día, dos veces a la semana. Sus traslados al hospital en destartalados taxis, desde y hasta la clínica donde labora en la medicina privada, para llenar sus funciones en la sede del HV, consumen más de la mitad del magro sueldo que percibe de la salud pública nacional. Esa mísera retribución comprende y mal cubre las actuaciones necesarias para atender a los pacientes de su especialidad y las clases que dicta a los alumnos de postgrado. Solo su vocación y el juramento hipocrático explican su entrega.

Este gobierno, que se califica de socialista y no llega ni a la calificación de comunista, desatiende la salud de sus ciudadanos y agrede a quienes, desde la empresa privada, tratan de cumplir con las obligaciones del sector salud, quizás el que junto con la educación, deberían sostener la calidad de vida del venezolano.