Miércoles 01 de mayo 2024 | Contáctenos
EL PERIODISTA JUDICIAL
Actualmente hay un auge creciente por la información de los tribunales de justicia. La ciudadanía exige la presencia de periodistas especializados para cubrir con profesionalismo los juicios y escándalos en los que están implicados ciudadanos, funcionarios, autoridades, fiscales, jueces, magistrados, políticos, empresarios, ministros de Estado, congresistas e inclusive presidentes de la República.
Los periodistas judiciales dominan el lenguaje jurídico, conocen las fases de un proceso penal, saben diferenciar entre un acusado, procesado, imputado y condenado, conocen la estructura y las funciones del poder judicial y las diversas jurisdicciones, respetan los derechos humanos y la presunción de inocencia de las personas. Todo esto y mucho más les permite lograr niveles de calidad en sus informaciones, comentarios, críticas.
El periodista judicial para cumplir su rol de lucha contra la corrupción está obligado a conocer las normas legales y éticas: Constitución política del Perú, Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, Reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura, la Convención Interamericana contra la Corrupción, las normas sobre la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública y la Sociedad, el Plan Nacional Anticorrupción, los códigos de ética de las instituciones del Estado, de los medios de comunicación y de las empresas privadas.
Los periodistas judiciales, como defensores y promotores de los derechos humanos, antes de publicar hechos de corrupción tienen el deber de verificar su autenticidad sobre la base de fuentes confiables; respetar, proteger y defender el honor, la vida privada y la intimidad de las personas. La vida privada sólo puede ser informable en la medida que afecte al interés social o se trate de actos ilícitos cometidos por una persona pública.
La información judicial comprende temas relativos al poder judicial, narcotráfico, terrorismo, ecologismo, contrabando, corrupción, prevaricación, espionaje, armamentismo, estafa, mafias y crónicas rojas.
Los medios para obtener la información deben ser lícitos y éticamente correctos, por lo que no corresponde investigar mediante el uso de grabaciones clandestinas, cámaras ocultas o secretas, violación de la correspondencia, interceptación telefónica, allanamiento de domicilios o mediante el robo de documentos, el soborno o la extorsión para conseguirlos.
SECRETO DEL SUMARIO Y JUICIOS PARALELOS
Los periodistas tienen la obligación moral y profesional de no vulnerar el secreto del sumario, para no influir en la labor procesal, no dañar a los imputados y no torpedear a la investigación judicial.
No está permitido éticamente a los periodistas incurrir en la realización de juicios paralelos, es decir cuando un delito es juzgado a la vez, de forma simultánea, por un tribunal de justicia y un medio de comunicación social, pues en caso de hacerlo el periodista estaría influyendo en el proceso judicial del acto de la vista oral y afectando, directa o indirectamente, a la independencia de los jueces durante el proceso de investigación o cuando dicten la sentencia.
CONSEJOS PARA PERIODISTAS JUDICIALES
Bob Eggington, propone 13 consejos para periodistas que trabajan en la cobertura de procedimientos judiciales: Trabajar respetando las normas de los tribunales de justicia, recordar quién está a cargo de la corte, conocer las leyes específicas de cada país, concentrarse en los datos clave como el veredicto y la sentencia, no intentar hacer el trabajo del juez, asegurarse de tener todo bien y debidamente comprobado: nombres, ortografía, títulos y responsabilidades, mantener buenos apuntes y guardarlas bien, nunca tomar partido sobre los argumentos utilizados por los abogados querellantes y la defensa, asegurarse de captar todos los elementos de las actuaciones del juez, los abogados o testigos, dar crédito donde es debido, efectuar una investigación disciplinada, manejar bien el contexto y asegurarse de salir de la corte a tiempo para hablar con testigos, familiares de los involucrados, policías, entre otros.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción es un fenómeno social nacional y transnacional, afecta las raíces profundas de las sociedades y el futuro de las generaciones. El término corrupción proviene del latín “corrumpere”, que significa “echar a perder”.
El Catecismo de la Iglesia Católica define el término corrupción como “toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas”.
Las ingentes sumas de dinero que se gasta para combatir la corrupción afecta el presupuesto nacional y que debería invertirse para ampliar o crear nuevos servicios públicos que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
En el Perú, y en los demás países de América Latina y del planeta, se practica la corrupción e impunidad. Hay grandes negocios turbios; cuantiosas sumas de dinero público desaparecen de las arcas del Estado como por arte de magia; en los parlamentos se forman comisiones investigadoras que muy poco investigan a fondo. Se hace mucha bulla y al final todo sigue igual.
ALGUNAS FORMAS DE CORRUPCIÓN
Son algunas formas de corrupción: el soborno, el nepotismo, el clientelismo político-partidario, el tráfico de influencias, la apropiación o manejo indebido de fondos públicos, la adquisición y uso de bienes fiscales, el abuso de la autoridad oficial, entre otros.
WEBER Y LOS TIPOS DE POLÍTICOS
Según el economista y sociólogo alemán, Max Weber, existe dos tipos de políticos; los que “viven para la política” y los que “viven de la política”. En este último caso, la política se torna en instrumento de poder, de explotación a las mayorías y en un valor instrumental en el que los fines justifican los medios al servicio del enriquecimiento, la corrupción e inmoralidad y la desnaturalización del estado.
La ciudadanía vive temerosa al saber que si algo denuncia pone en riesgo su vida y la de su familia, toda vez que las leyes no les amparan con las garantías del caso, pues de denunciante puede resultar siendo denunciado por el poder de la mafia.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PÉRDIDA DE SU INDEPENDENCIA
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú, en su Informe distingue una tercera etapa de la prensa que corresponde al período 1993-2000, en la que un sector de la prensa en el Perú sucumbió a diversas formas de presión y sacrificó su independencia para servir a los intereses de un régimen corrupto que se preocupó de acallar cualquier denuncia sobre violaciones de los derechos humanos.
FACTORES QUE ESTIMULAN LA CORRUPCIÓN
“Los analistas del fenómeno de la corrupción suelen identificar una serie de factores que la estimulan. Entre ellos, el autoritarismo y la concentración de poder (recordemos la célebre frase de Lord Acton: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de una manera absoluta”).; el exceso de burocracia, el exceso de reglamentación (“mientras mayor sea el numero de restricciones, trámites burocráticos y normas arbitrarias que haya que cumplir, más grande es la tentación de sobornar a los responsables para agilizar las gestiones, la pobreza y la exclusión (“allí donde comienza la desigualdad despunta la corrupción”, “la pobreza es un caldo de cultivo de la corrupción”); una opinión pública complaciente, capaz de aceptar una “cultura de corrupción como algo natural”; un sistema jurídico deficiente en cuanto a los debidos controles preventivos y correctivos en todo lo referente a la administración pública; un Poder Judicial ineficaz, lento, incompetente; una policía deficiente, sin preparación adecuada ni medios técnicos y materiales apropiados; el “clientelismo político”, el nepotismo y el amiguismo; un sistema educativo que no incorpore la educación en valores, que desde la más tierna infancia vaya forjando el carácter de los futuros ciudadanos, entre otros”[1]
SECTORES PROPENSOS A LA CORRUPCIÓN
Cualquier institución, empresa o sector del Estado puede ser propenso a la corrupción. En el Poder Judicial, las coimas a secretarios, auxiliares y jueces, y a los fiscales en el Ministerio Público. En los gobiernos municipales y regionales, a través de adquisiciones, licitaciones de obras públicas y contrataciones para puestos de trabajo. En el sector salud, con la compra y venta de medicinas subrepticiamente. En el sector educación, con el tráfico de notas, abusos sexuales contra alumnas(os). En el sector agricultura, con el tráfico ilícito de drogas, etc. En los medios de comunicación, mediante el chantaje y el soborno para acopiar, difundir y omitir la difusión de informaciones comprometedoras o cuando venden por unas cuantas monedas su independencia de criterio o política editorial a los gobiernos de turno. En las empresas mineras para “sacar la vuelta” a las leyes o tramitar rápidamente sus licencias de funcionamiento o de explotación minera sin respetar los informes técnicos de impacto ambiental y social. En los partidos políticos, a través de presiones para que funcionarios públicos contraten a sus militantes, sin méritos propios, en un puesto de trabajo del Estado Y la relación es interminable.
Pero corrupción también es unirse a tirios y troyanos y a los grupos de poder económico para ganar una elección nacional y llegar a la presidencia de la República sin tener una compacta organización política, para posteriormente pelearse con sus aliados de ruta sin antes apagar los innumerables conflictos sociales.
ALGUNAS CAUSAS
Son causas de la corrupción la ausencia de un servicio fiscalizador de los actos de funcionarios, empresarios, políticos, autoridades y gobernantes; la insuficiente participación de la ciudadanía en el proceso de fiscalización y evaluación de la gestión pública; las precarias remuneraciones de trabajadores, empleados y autoridades; la falta de conciencia ciudadanía por el progreso de su país; el estar acostumbrado a tener todo lo necesario de la manera más fácil posible; el premio al compadrazgo, el nepotismo y la argolla.
También la carencia de sistemas de control y de vigilancia efectivos; la falta de mecanismos de prevención, detección y sanción efectivos; el dejarse llevar por el soborno o el hecho de sobornar a otras personas para obtener lo que uno quiere o desea.
CONSECUENCIAS PRINCIPALES
La corrupción debilita la democracia, pone en peligro la estabilidad política y económica del país, perjudica el normal y buen funcionamiento de los poderes del Estado, convierte el poder judicial y el poder legislativo en centros de legitimización de actos antiéticos y antijurídicos y en la defensa y aprobación de leyes en beneficio de los corruptores.
La corrupción propicia un clima desfavorable para las pequeñas, medianas y grandes inversiones en el país, obliga a los estratos sociales más pobres a permanecer en la informalidad e ilegalidad para subsistir; contribuye al detrimento de la calidad de vida de las personas, destruye la competencia comercial, consolida la injusticia social y altera la paz social.
Como consecuencia de la corrupción se produce la pérdida de credibilidad y legitimidad del gobierno de turno; se consolida elites y burocracias político-partidarias corruptas; prevalece la ley del más fuerte; se ensancha la brecha entre ricos y pobres; prolifera el transfuguismo político, el desborde popular deviene resulta incontrolable.
Asimismo la corrupción socava las estructuras morales del individuo y de la sociedad, distorsiona el gasto público; altera y suspende el Estado de derecho, ahuyenta la inversión extranjera, alienta la delincuencia subversiva y la desobediencia civil, atenta contra los derechos de cuarta generación como son el crecimiento, el desarrollo integral y el progreso de los pueblos.
A MAYOR ÉTICA, MENOR CORRUPCIÓN Y MAYOR DESARROLLO HUMANO
Denis Goulet, puntualiza que cuando el estudio del desarrollo se propone la búsqueda de una economía más humana “las expresiones “más humano” y “menos humano” deben entenderse a la luz de una distinción vital entre plus avoir (“tener más”) y plus éter (“ser más”). Las sociedades son más humanas o más desarrolladas no cuando los hombres y las mujeres “tienen más”, sino cuando son capaces de “ser más”. Y agrega: “el criterio principal de desarrollo no es el incremento de la producción o del bienestar material, sino el enriquecimiento humano cualitativo”.
Desarrollo humano integral, equitativo y sostenible (DHIES) significa el “proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades” (PNUD), más allá de la política asistencialista de los gobiernos expresada en la ayuda humanitaria a personas o poblaciones en situación de emergencia o de vulnerabilidad extrema, toda vez que el asistencialismo suena a antidesarrollo y contribuye al mantenimiento del statu quo.
No es posible mejorar la calidad de vida de las personas y de los pueblos si no se erradica los actos de corrupción. Es imposible pensar en un desarrollo humano integral si prolifera la corrupción en las dependencias del Estado.
Así como la democracia es el requisito indispensable para el pleno desarrollo de las libertades humanas, el bienestar social y la prosperidad de los pueblos, de igual manera la ética, la axiología y la deontología son las ciencias y los pilares fundamentales para lograr el desarrollo integral de las personas y los pueblos dentro de un nuevo Estado ético participativo.
PROPUESTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
La responsabilidad de la erradicación de la corrupción es tarea de todos los que formamos parte de la sociedad peruana.
Los periodistas anhelamos un Perú digno de mejor suerte, sin corruptores ni corruptos, aspiramos a una educación de calidad y con principios y valores éticos; defendemos y promovemos una cultura anticorrupción desde el hogar, desde los medios de comunicación y desde las instituciones educativas.
Para combatir la corrupción es necesario contar con poderes del Estado, empleados, funcionarios y autoridades que sean incorruptibles, con ciudadanos y periodistas que denuncien los actos de corrupción tipificado por las leyes en vigencia.
Se requiere de periodistas con conciencia moral, con responsabilidad social, jurídica y ética compartidas, periodistas que sean capaces de pensar, vivir y actuar con honestidad e integridad profesional, con veracidad, objetividad, imparcialidad, pluralismo, altruismo y solidaridad social, periodistas que laboren con transparencia, independencia de criterio, libertad, sentido social, espíritu de justicia y amor al bien común.
El Perú requiere de periodistas que respeten la propiedad ajena, el honor y la intimidad de las personas, que denuncien y rechacen la impunidad y el posible mal uso de la inmunidad de los congresistas de la República.
A través de los medios de comunicación debería impulsarse permanentes campañas de educación ética para forjar ciudadanos y electores éticos que den valor a su voto en el momento de elegir a sus autoridades y evitar asì el caciquismo político que obstaculiza la renovación de la dirigencia de los partidos políticos, gremios e instituciones.
Debería promoverse la instalación de Unidades de Investigación de casos de corrupción y fomentarse la constitución de Tribunales de Ética Cívica.
Los periodistas y medios de comunicación deberían efectuar apoyo efectivo a Transparencia Internacional (TI), que es la única organización no gubernamental a escala mundial que se dedica a combatir la corrupción y que congrega a la sociedad civil, al sector privado y a los gobiernos en una basta coalición global.
Los periodistas, medios de comunicación y el Colegio de Periodistas del Perú deberían cumplir el código de ética y contribuir con la difusión de los códigos de ética gubernamental y ciudadana, de los partidos políticos, ejecutivos y docentes.
Requerimos de gobernantes y autoridades con voluntad política para luchar contra la corrupción.
Los gobiernos deberían negar visas a las personas corruptas o a quienes están incursos en actos de corrupción durante el tiempo que dure el proceso de investigación en el Poder Judicial o en el Congreso de la República.
Urge globalizar las sanciones para que los delitos no queden impunes.
La moralización debería efectuarse a fondo en todos los poderes del Estado, pero sin odio, rencor ni venganza, sin complicidad con los grupos de poder económico y político, sin debilidad ni compadrazgo y con pruebas veraces.
El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (PNLCC) debería ser considerado como política de Estado y no sólo de Gobierno, para garantizar la continuidad de la erradicación de la corrupción por los próximos gobiernos.
Los delitos de corrupción en agravio del Estado deberían ser sancionados con penalidad de cadena perpetua.
Los partidos políticos y sindicatos deberían renovar sus cuadros de dirigentes periódicamente e implementar mecanismos de control y de seguimiento del comportamiento de los mismos para evitar posibles vínculos con la corrupción e inmoralidad, el narcotráfico o el terrorismo.
Es necesario que la Contraloría General de la República controle de manera estricta, imparcial y permanente los gastos de las instituciones del Estado, las licitaciones, las obras públicas y los programas sociales de los gobiernos municipales y regionales.
El Estado debería cobrar íntegramente las reparaciones civiles de los sentenciados por delitos de corrupción en un plazo corto, para que no devenga en cuenta incobrable cuando los condenados se apresuran en “desaparecer” sus bienes.
Finalmente, urge la creación de un Fondo Mundial de Lucha contra la Pobreza, constituido mediante el aporte de los gastos militares de los países desarrollados con el fin de ayudar al desarrollo de los pueblos más necesitados del mundo. “Lo superfluo de los países ricos debe servir a los países pobres” (PP49).
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