Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
El Perú no es el único país en el mundo que vive este contexto de protesta. “Existe un reporte de Naciones Unidas que indica que el 40% de los conflictos que se producen en los países tienen que ver con minería. Inclusive, los países que tienen actividad minera importante, como Canadá, han comenzado a desarrollar instrumentos que permitan un equilibrio. “Hay una actitud conservadora hacia el modelo actual heredado de la década de los 90, necesitamos reformas con urgencia. Cualquiera que ocupe el sillón del Ministerio del Ambiente necesita crear una agenda ambiental que no esté pintada en la pared”, dijo José De Echave, Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú y miembro de CooperAcción.
De Echave dijo que luego de 20 años de crecimiento sostenido, el Perú necesita otras herramientas como una agenda legítima de las demandas. “Los conflictos pueden tener una serie de agendas ilegítimas, que son criticables, pero el gran reto como país, es diferenciar la agenda legítima”, señaló. “Un conflicto como el de Conga se ha traído abajo, en la práctica dos gabinetes, primero el gabinete Lerner y a todas luces estamos a puertas del cambio de primer ministro. Un conflicto como el de Conga o Espinar ha roto la bancada oficialista en el Congreso. Es un conflicto que, sin duda, tiene una influencia muy fuerte en la situación política”.
“Se cuestiona los esquemas y el modelo extractivo de la minería, tanto el marco institucional como las políticas públicas. El informe del Observatorio de Conflictos Minero, no pretende hacer sólo un diagnóstico. Se han identificado aspectos fundamentales sobre los cuales se proponen reformas como apostar por una mayor institucionalidad del Estado pues para un nivel de crecimiento para la minería se necesita una institucionalidad distinta. Que el Ministerio de Energía y Minas siga siendo la autoridad ambiental para su sector está desfasado. Hay que construir una gestión ambiental que sea transectorial”, dijo.
Agregó además que “las herramientas de las políticas públicas, por ejemplo, como los estudios de impacto ambiental, se tienen que fortalecer. Los EIA tienen veinte años en el Perú, cuarenta años en el mundo. Sobre esto hay un aspecto importante. En el caso Conga, en la zona donde se va desarrollar el proyecto se van a desarrollar otros como Michiquillay, Galeno. Sin embargo, el EIA sólo permite medir los impactos de un proyecto, pero ¿qué pasa cuando en una cuenca se van a desarrollar además otros proyectos? Esto se llama impactos acumulativos, deberíamos pensar en herramientas que puedan medir este tipo de impacto”.
El Estado tiene dificultades para estar presente. “El presidente habló de ‘un Estado que le daba soroche’ y esa frase refleja las dificultades que tiene el Estado para estar presente. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha medido la densidad del Estado Peruano, es decir dónde está presente. Y ha concluido que ahí donde hay industria extractiva hay una baja presencia del Estado. Ante ello creo que el Estado Nacional debe articularse con el Estado local y regional, una tarea de mediano plazo”.
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