Del "diálogo" a la institucionalidad

El mismo día en que juraba el nuevo Gabinete con la proclamada determinación de ser el “Gabinete del diálogo”, los líderes de todas las religiones unían sus plegarias en una oración interreligiosa por el diálogo y la paz.

La política y las religiones sumaban fuerzas para exorcizar el mal de Cajamarca. Dos sacerdotes continuaban tejiendo la trama del reencuentro y el flamante primer ministro anunciaba que la oficina de conflictos sería rebautizada con el nombre de Oficina Nacional de Diálogo.

Todo esto es muy bueno para reducir la violencia y procurar un clima favorable a los entendimientos. Pero debe quedar claro que se trata de una respuesta de emergencia. Estamos complementando el estado de emergencia constitucional con un estado de emergencia espiritual, que debería servir para ayudar a resolver los problemas concretos pero también para empezar a construir la institucionalidad que permita crear los canales para que, en adelante, las reclamaciones se resuelvan por la vía legal e institucional y no mediante estados de emergencia o mesas de diálogo ad hoc.

No nos referimos solo a una Oficina Nacional de Diálogo proactiva, capaz de adelantar el diálogo a etapas más tempranas de cada proceso. Sigue siendo un parche mientras no se resuelvan los problemas de base. Y el primero de estos consiste en niveles de desarrollo distintos que se expresan en la ausencia de códigos legales comunes entre las comunidades rurales y las empresas o el Estado.

Y si no hay reglas de juego comunes que permitan procesar los conflictos, solo queda, efectivamente, o la violencia o el “diálogo”. Los campesinos andinos no son ciudadanos plenos en el ordenamiento legal peruano. Carecen de derechos civiles (propiedad, contrato, judicatura) maduros, en parte porque su integración al mercado es parcial. Lo primero, entonces, es difundir las tecnologías de Sierra Productiva para que completen el salto a empresarios, y titular la propiedad individual que en los hechos existe al interior de las comunidades para que dejen de ser masa fácilmente movilizable por intermediarios políticos y puedan representarse a sí mismos –acaso por medio de empresas, como sugiere De Soto– en las negociaciones.

Tecnificar y titular, entonces. Y eso es algo que podría ser liderado por el propio presidente, en relación directa con el pueblo, para recuperar la identificación popular que está perdiendo y asegurar la gobernabilidad. Si carece de partido y la fragmentación política y sociológica es extrema, la única manera de gobernar pasa por alguna forma de populismo personalista, que no es autoritario si se despliega para crear las bases sociales e institucionales de una democracia liberal.

Por eso, la reconstrucción de partidos políticos es urgente. Su ausencia, agravada por una descentralización mal hecha, feudaliza el país y hace imposible la comunicación para la transmisión y solución de demandas. Es hora de pasar a un sistema de distritos electorales unipersonales para que la gente sepa quién es su representante y se reduzca el número de partidos, y colocar en el presupuesto nacional del próximo año financiamiento para los partidos que están en el Congreso, a fin de que empiecen a tener presencia en el interior. Es la hora de construir partidos políticos serios.