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Martes 31 de julio 2012

Responsabilidad en controversia de exportación gasífera

Por: César Gutiérrez.
Responsabilidad en controversia de exportación gasífera
Foto: Referencial

Una ola de opiniones desinformadas, apasionadas y demagógicas; en torno a la discrepancia existente sobre el destino de ciertos embarques de gas natural licuefactado, se han visto en prensa desde la semana pasada, propiciada por el presidente saliente de la agencia de hidrocarburos Perupetro.

El origen del problema es un hecho grave, un señalamiento a la empresa compradora del gas, la española Repsol Comercial, de haber mentido en el destino del energético adquirido, lo que tiene implicancias diversas: pago de regalías menores a las que correspondían y su respectivo efecto en el impuesto a la renta que se honra al estado peruano. A estas alturas por lo actuado, lo trascendente es la responsabilidad en la posición, que ya estaba encaminada por el propio funcionario saliente, hacia el arbitraje.

Es importante conocer con exactitud el procedimiento aplicable desde el momento en que el cuestionamiento fue planteado como una discrepancia. Hasta donde se conoce, había un proceso de conciliación previo, conducido por un comité formado por miembros nombrados por los interesados, recayendo en los designados la responsabilidad de seleccionar a un conductor. De no arribarse a un acuerdo, corresponde la vía arbitral en los Estados Unidos.

Es un hecho público que no se llegó a formar el comité mencionado, cualquiera de las partes pudo usar legítimamente como estrategia, arribar al arbitraje, sobretodo cuando percibía que su contraparte no tenía actitudes para un diálogo ecuánime. Esto es lo ocurrido y lo aplicable es ese procedimiento. El requerimiento conminatorio de la semana pasada, debió ser al principio, si correspondía; no a estas alturas que ya había direccionamiento a un trato por discrepancia. Para las vías arbitrales internacionales, cualquier desviación sobre el método acordado es tomada como una vocación rupturista y confiscatoria, lo que debe cuidarse que no ocurra.

Opino que a estas alturas no le queda al estado sino allanarse al laudo que se dicte, a la vez que tiene que haber comunicación y explicación pública contundente, para evitar que la grita conlleve a querer hacer barbaridades. El gobierno se ha cuidado en respetar al inversionista, un mal manejo echará por la borda todo el esfuerzo.

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