Nueva Ley de Desarrollo Docente: Viejo Complejo de Adán

Complejo de Adán: en sentido estricto es la creencia fanatizada de ser los primeros en realizar una acción. En la praxis política se refiere a la afirmación de un gobierno  entrante de que hay que empezar de nuevo porque todo lo que hizo el saliente estuvo mal.  El fenómeno no es nuevo en el Perú, pero la ministra de educación Patricia Salas nos lo ha hecho recordar. Veamos.  Desde que tengo conciencia de las cosas he sido testigo de varios gobiernos y ministros que han sufrido dicho complejo. Educación ha sido precisamente uno de los sectores favoritos, donde cada “iluminado” piensa que realizará los cambios nunca vistos, para lo cual tiene que desarticular todo lo avanzado.

Hagamos un recuento de los últimos años. Hasta hace algún tiempo los empeños de realizar cambios educativos profundos llevaban nombre. Sin soslayar el  carácter dictatorial de su gobierno, hay que reconocerle reales logros al  General Velasco. Uno de ellos fue llamar a los mejores educadores de su época para diseñar e implementar la Reforma Educativa, que ha sido hasta la fecha el intento más serio e integral de mejorar nuestro sistema educativo. ¿Qué necesitaba correcciones? Claro que las necesitaba. Como todo proyecto, debía irse perfeccionando con el tiempo. Morales Bermúdez, su sucesor, desactivó toda esta reforma, perdiéndose una gran oportunidad de poner las bases de un real desarrollo educativo.    

Otra tentativa de cambiar algunas estructuras del sistema se repetiría paradójicamente en otra dictadura. En efecto, Fujimori creó el  Plan Piloto  de  Bachillerato y fue de las pocas políticas positivas de ese gobierno tan plagado de corrupción. Debía irse dotando de la infraestructura y de los talleres necesarios. Pero, sin detenerse a observar sus avances y aspectos positivos, Alejandro Toledo lo desintegró por completo apenas asumió el poder. En compensación nos vendió el pomposo programa Huascarán que, de haber sido una propuesta seria, sólo hubiera atacado, y parcialmente, el aspecto tecnológico, y además, era desde todo punto de vista inviable. Reducir la solución de los problemas de nuestra educación a una costosa interconexión por Internet de todos los colegios de nuestro país era – para decirlo con sutileza - una  visión parcial y aislada del sistema educativo.

Hasta ahí ya hemos mencionado dos gobiernos (con sus presidentes) víctimas del complejo de Adán. Siguieron los años y recién en el segundo periodo de Alan García se colocó otro peldaño – insuficiente, pero firme – para mejorar nuestra educación. Se trató de la Ley de la Carrera Pública Magisterial (CPM). Tenía muchas deficiencias, pero un solo gran acierto. Establecía incrementos remunerativos en base a la meritocracia. La mayor parte de los más de trescientos mil maestros del país se quedó en la Ley del Profesorado (LP). Unos cincuenta mil (la mayoría jóvenes) asumieron el desafío de ser evaluados para ingresar a la nueva ley.

Si bien el atractivo principal lo constituía el mayor incremento salarial, existía en gran parte de ellos el deseo de superación, reflejado en el esfuerzo por capacitarse. Como siempre las  facciones radicales del Sutep se opusieron tenazmente. En parte por el temor a perder su mal utilizada estabilidad laboral, y en parte para no perder un protagonismo en el magisterio nacional. Esparcieron el miedo de supuestos despidos masivos de pasarse a la nueva ley. En aras de la objetividad es necesario también precisar que esta ley (en esencia positiva) careció del financiamiento correspondiente. Esto determinó las escasas convocatorias a concurso, limitando el deseo de muchos docentes a pasarse a la CPM.     

Volviendo a la realidad actual, contra lo que muchos piensan, un ministro o una ministra debe tener capacidad política  especialmente en sectores con mucha agitación social – los técnicos se contratan en cualquier momento –. La  actual ministra de Educación Patricia Salas carece de tales recursos. Después de un año de titubeos al final optó por una suerte de resumen de las dos leyes condenadas a desaparecer, la CPM y la  LP. Este intento de síntesis se plasmará en la novísima Ley de Desarrollo Docente (LDD). Como otras veces, este gobierno en general, y esta ministra en particular quieren su propia ley, la cual buscaría solucionar dos problemas principales: la calidad y las remuneraciones de nuestros maestros. Hasta ahí todo parece bien, pero todo indica que no habrá grandes cambios en otros puntos claves. Por ejemplo, no hemos escuchado nada de: nutrición de los alumnos (*); innovación curricular; mejorar los centros superiores de formación pedagógica, hacer eficiente el aparato administrativo (desde el Minedu hasta las ugeles), etc. Si no se producen mejoras estructurales en éstos centros neurálgicos, será imposible elevar los estándares de nuestra educación.

Suponiendo que el principal objetivo es lograr maestros competentes y bien remunerados, se podían haber hecho todos los cambios necesarios a la CPM, pero comenzar desde cero es insistir en un debate que se ha repetido hasta la saciedad. Es más, el Acuerdo Nacional (integrado por los más prestigiosos expertos de nuestro país) elaboró el Proyecto Educativo Nacional, que establece todos los cambios a realizar, con metas a mediano y a largo plazo. La razón de no haberse puesto en práctica es simple. Falta la decisión política, principalmente para dotarla del presupuesto necesario para su implementación. Esperemos que la nueva ley, la LDD se apruebe y reglamente a la brevedad posible, que además, esté debidamente financiada, y que la ministra Salas, o quien la suceda en el cargo, no vuelva a ceder a los intentos obstruccionistas del Sutep.