Una campaña desvergonzada

Es lamentable que en medio de una campaña de medias verdades y falsedades sobre el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Colina, un diario serio y democrático haya publicado un artículo en el que alude una supuesta desvergüenza de los vocales autores de la sentencia.

Para sostener esa agraviante afirmación, el articulista se apoya en la versión de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) sobre dicho fallo, y en declaraciones del fiscal Pablo Sánchez.

Si el autor hubiese revisado el informe fiscal se habría dado cuenta de que una cosa es lo que dice Sánchez y otra muy distinta es lo que señala aquel documento. Y si además hubiese consultado con otros especialistas en Derecho Penal se habría dado cuenta de que el IDL lo estaba desinformando.

Su cuestionamiento se sustenta en la parte del informe fiscal que dice lo siguiente: “Ha quedado demostrada la comisión de crímenes de lesa humanidad, habiéndose determinado un concurso real de los siguientes delitos [.]: homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, secuestro agravado y desaparición forzada de personas”.

Un experto penalista le habría explicado que para que haya acusación por lesa humanidad ésta tiene que ser incorporada como imputación expresa y directa en la parte resolutiva del dictamen, de lo contrario no existe legalmente.

Tampoco basta con afirmar en una parte del informe fiscal que un inculpado ha cometido lesa humanidad; se tiene que señalar de manera precisa cómo cometió dicho delito y en qué artículos del Código Penal está tipificado el mismo.

En el caso Colina, el fiscal dice “está demostrado” que hubo lesa humanidad, pero jamás explica cómo así está probado. Es decir, afirma algo sin sustentarlo.

De otro lado, el articulista muestra un enorme desconocimiento de lo que sucedió en el país cuando afirma que los miembros de las organizaciones terroristas eran civiles, porque no habían sido reconocidos como fuerza beligerante por el Estado peruano.

Ignora que el Derecho Internacional Humanitario (Convenciones de Ginebra) que invoca en su artículo, se aplica de facto cuando estalla un conflicto armado en cualquier parte, y que sí distingue entre civiles y combatientes. Por eso la Cruz Roja Internacional intervino en el Perú y supervisó el trato a los terroristas presos.

El articulista también cuestiona a los vocales Villa Stein y Pariona por sostener que los crímenes de Colina estuvieron dirigidos selectivamente contra presuntos terroristas, pero no dice que el propio fiscal también afirma de manera inequívoca en su informe que Colina NO atacó de manera indiscriminada a la población civil.

El título del artículo termina así aludiendo al autor del editorial, porque es evidente que lo único que leyó antes de opinar sobre un tema tan delicado fue la versión politizada del IDL.

Lo verdaderamente desvergonzado en este caso es la campaña que pretende descalificar el fallo de la Sala Penal Permanente a partir de mentiras. El tema de fondo es que no puede haber justicia sin el imperio del Derecho.

Publicado el 3 de agosto de 2012 en el diario La Razón.