Robar es delito, todavía

Confiando en las intenciones expresadas en los programas electorales publicados por los partidos políticos, los ciudadanos cada vez que se celebran elecciones eligen a sus representantes para que bien como gobierno o bien como oposición conformen las instituciones y se dediquen a administrar el patrimonio común y a dirigir el rumbo de la sociedad. Esa confianza que se otorga a los políticos es un contrato de buena fe que se renueva cada vez que hay elecciones libres y democráticas.

Corresponde a los elegidos actuar en consecuencia, a los electores vigilar para que cumplan su cometido y a la justicia juzgar y sancionar cualquier conducta que no se ajuste a la ley. Hoy en día los informativos, los periódicos, los foros de internet y las conversaciones de amigos giran en torno a temas vidriosos tales como sobornos, cuentas en paraísos fiscales, comisiones ilegales, delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, tramas corruptas, delitos de cohecho, nepotismo y demás irregularidades presuntamente cometidas por aquellos que tienen el deber de ser ejemplo para los ciudadanos. A tenor de todo lo que se dice, se escucha, se intenta esconder y e incluso hurtar al buen juicio, tal parece que no todos pero sí algunos de los elegidos han hecho pésimo uso de la confianza en ellos depositada y han metido la mano en la caja común de manera cada vez más audaz y escandalosa. Como consecuencia lógica, el noble oficio de la política está desprestigiado hasta el punto de que la opinión pública, zarandeada por mensajes contradictorios y acusaciones mutuas entre los diferentes partidos que para esconder sus vergüenzas practican la táctica del ‘y tú más’, no es capaz de discernir entre los gobernantes honrados y los corruptos. Por desgracia también estamos asistiendo a un progresivo deterioro de la conciencia ciudadana que nos lleva a admitir como normal el enriquecimiento ilícito por medio de la apropiación indebida de los caudales públicos por parte de aquellos que tienen el encargo de gestionarlos. Este pésimo ejemplo socava la confianza de los ciudadanos que no sólo se sienten engañados sino que llegan a opinar que son tontos aquellos que se dedican a trabajar y ganarse la vida de manera honrada. Ya es moneda común pensar que hay que ‘llevárselo calentito’ y hace tiempo que parece que la honradez es una virtud en desuso en esta sociedad del todo vale. Quizás ha llegado el momento de pedir que se limite el tiempo en el que todo político puede optar a ser elegido para evitar que se perpetúen en los cargos y tengan sensación de impunidad. Y sobre todo es imprescindible exigir que actúe la justicia para poner coto a esta situación que amenaza con llevarse por delante los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho.

Nota publicada en diariojaen.es