¿Se quiere "gendarmizar" a las Fuerzas Armadas?

Es verdad que nuestro sistema de Defensa y Seguridad Nacional requiere de una reforma que ponga fin a las deficiencias que arrastra hace mucho tiempo, pero la tarea es demasiado compleja y delicada como para que el Gobierno la asuma sin transparencia y de espaldas al país.

Hay solo dos grupos que tienen propuestas sobre el rol y la estructura que deberían tener nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Uno lo conforman los propios uniformados y el otro la ONG de izquierda caviar Instituto de Defensa Legal (IDL), que ya fracasó durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Como no hay indicios de que militares y policías estén realizado dicho trabajo, debemos entender que el gabinete que encabeza Juan Jiménez Mayor ha decidido dejar el tema en manos de sus amigos del IDL.

Es inverosímil que el coronel Adrián Villafuerte esté tras la reforma, pues los titulares de Defensa, Pedro Cateriano, y del Interior, Wilfredo Pedraza, son antimilitares reconocidos y jamás aceptarían jugársela por una propuesta castrense.

Lo que el IDL plantea es convertir a las FF AA en una especie de gendarmería que solo cuide las fronteras, dejando las demás tareas de la seguridad en manos de la Policía Nacional. Coincide con la visión de un sector de Estados Unidos sobre la seguridad hemisférica. Tal vez por eso el IDL ha recibido financiación estadounidense.

Es bueno que el presidente Humala tenga la voluntad de hacer reformas, pero debe entender que para garantizar su éxito debe convocar un consenso que garantice la continuidad de los cambios; de lo contrario, estos durarán lo que dure su gestión.

Si cree que dicho consenso está plasmado en el Acuerdo Nacional, se equivoca. Este es solo un listado de declaraciones genéricas que no aterrizan en nada concreto, porque las fuerzas que lo suscriben tienen visiones contrapuestas en temas cruciales.

Para emprender una reforma de la Defensa y Seguridad, el Gobierno debe definir primero sus objetivos en la materia y a partir de allí establecer cómo deberían ser organizadas y operar las FF AA y la PNP. Sin embargo, nadie sabe qué busca el Gobierno. Esto es lo que preocupa.

El presidente también debería meditar si es oportuno iniciar la reforma en circunstancias en que estamos a puertas de conocer el fallo de la Corte de Justicia de La Haya sobre el diferendo limítrofe con Chile.

La reflexión es necesaria porque para los militares y policías “reforma” es sinónimo de purga de oficiales por razones políticas. ¿Es prudente generar un clima de zozobra entre la oficialidad en las circunstancias señaladas?

Resulta, además, irónico que un gabinete que se define como el “del diálogo” se niegue a debatir la reforma. Esto revela poco ánimo democrático y abre espacios a la suspicacia sobre las intenciones verdaderas del Gobierno.

La primera pregunta que emerge en esos espacios es obvia: ¿será en verdad una reforma u otra purga más de oficiales dirigida esta vez a reducir las FF AA a su mínima expresión?

Publicado el 17 de agosto de 2012 en el diario La Razón.